La Comisión de Defensa del Congreso aprobó este jueves, a propuesta de En Marea, exigir al Gobierno central que informe acerca de las pruebas con drones que se están desarrollando en el aeródromo de Rozas, al sospechar la coalición gallega que el carácter civil que se atribuyó al proyecto esconde en realidad un "negocio privado, puertas giratorias y militarismo estadounidense". La idea, según explicó la diputada encargada de defender la iniciativa, Yolanda Díaz, es que tanto la Administración estatal como la autonómica desvelen su "determinación de convertir en ámbito de negocio los drones militares en Lugo" para que después Galicia pueda decidir "democráticamente".
La moción, que obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP y de la abstención del PNV, solicita que se hagan públicos los contenidos del convenio firmado por la Xunta y el Ministerio de Defensa para el establecimiento de la base de experimentación con aviones no tripulados. Asimismo, insta al Ejecutivo a que detalle qué recursos económicos se van a invertir en la base de Castro de Rei, cuáles son las certificaciones dadas por la Agencia Estatal y Europea de Seguridad Aérea y "los criterios del plan de inversiones asociado a la privatización" del centro de investigación en materia de compra pública vinculada a la industria de los drones.
En Marea denuncia que el proyecto esconde "un negocio privado, puertas giratorias y militarismo estadounidense"
Por otro lado, el texto reclama que se permita a una delegación parlamentaria que visite, junto con representantes de los concellos afectados, las diferentes instalaciones relacionadas con el proyecto, entre ellas, la sede del Instituto Nacional de Tecnología Aeronáutica (Inta), al entender En Marea que en realidad se encuentra vinculado a "la estrategia belicista de la Otan".
Un argumento que rechazó el portavoz del PP, Joaquín María García-Díez, quien reivindicó que los drones tienen un fin "exclusivamente de I+D+i" y para uso civil. Asimismo, alegó que el proyecto se ha desarrollado con "total transparencia" por parte de la Xunta y del Gobierno central.
ENMIENDAS. El respaldo a la iniciativa se ha logrado después de que se haya aprobado una enmienda del PSOE por la que se suprimían los dos primeros puntos de la redacción original, en los que se abogaba por paralizar las pruebas con drones y conocer el convenido firmado entre la Xunta, Defensa, el Ayuntamiento de Castro de Rei, la Diputación Provincial de Lugo y el Real Aeroclub de Lugo. La portavoz socialista, Pilar Cancela, consideró que el carácter civil de las pruebas con drones "está fuera de duda" y que la suspensión de éstas supondría la renuncia al desarrollo tecnológico que se deriva de los aviones no tripulados "en materia de contaminación, incendios, agricultura o topografía". Sin embargo, Cancela coincidió con En Marea en que es preciso más "transparencia, remisión de información y la creación de una delegación parlamentaria" para que los gallegos tengan un mayor conocimiento del asunto.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Francisco Javier Cano, se mostró partidario de "conciliar los intereses de la defensa nacional y los intereses locales". Asimismo, recordó las ventajas que suponen los drones en materia de "emergencias y catástrofes".
