El CGPJ nombra a un nuevo juez para el caso del Alvia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado hoy al magistrado Andrés Lago Louro en sustitución de Luis Aláez al frente del juzgado que investiga el accidente del tren Alvia ocurrido el pasado 24 de julio en Santiago de Compostela y en el que murieron 79 personas.

El cambio en la titularidad del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago se debe a que su actual responsable, Luis Aláez, obtuvo el pasado 25 de febrero la plaza en el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital gallega, aunque se comprometió a permanecer en su destino hasta que tomara posesión un nuevo juez.

El nuevo magistrado, Andrés Lago Louro, ingresó en la carrera judicial en 2004 y actualmente estaba destinado en comisión de servicio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago.

Anteriormente ocupó los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cistierna, León, y número 2 de Corcubión, A Coruña, ha informado el CGPJ.

Lago Louro, definido por quienes lo conocen como un magistrado campechano y accesible que busca humanizar la labor de hacer justicia, se encargó de la instrucción de uno de los casos de corrupción con más repercusión en Galicia, la Operación Orquesta.

Se trata de una supuesta trama de adjudicaciones de obras públicas y organización de fiestas en la que están implicadas hasta 26 personas, entre políticos y empresarios de la coruñesa Costa da Morte.

Este otrora juez de pueblo sustituirá ahora en la capital gallega a Luis Aláez, que está consagrando sus días de forma concienzuda al caso Alvia.

Aláez ha seguido desde un inicio una línea de investigación que apunta a una causa múltiple tras esta tragedia ferroviaria y por ello no se basa únicamente en el "despiste" de una persona que relevó a otro compañero en Ourense y perdió el control tras atender una llamada del interventor de a bordo.

El maquinista, Francisco José Garzón Amo, poseedor de un expediente intachable hasta el verano pasado, es en este momento el único imputado después de que la Audiencia Provincial de A Coruña exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.

El auto con el que el órgano de apelación levantó la imputación de estos cargos supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del suceso, con el conductor, -que no redujo la velocidad del convoy-, acusado de homicidio imprudente.

No obstante, no se cierra la puerta a que se siga investigando para comprobar si en ese tramo, con una reducción drástica de velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora, se necesitaban medidas adicionales de seguridad y así se determina por consenso técnico, puesto que en caso contrario tal apreciación es "prematura y carente de base suficiente". 

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