El secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, pidió hoy un "acuerdo político" para determinar cuándo un alcalde debe presentar su dimisión si ha sido imputado, porque no "se puede estar promoviendo la inestabilidad política de las ciudades en estos momentos, sobre pruebas circunstanciales".
Vázquez hizo estas declaraciones a Efe, tras participar en la reunión en Lugo de la ejecutiva de la asociación Eixo Atlántico, que agrupa a municipios de Galicia y del norte de Portugal.
"Nos llama la atención que los ayuntamientos sean, no sólo los que peor lo están pasando desde el punto de vista económico, sino los que más agresiones están recibiendo por parte de todos los ámbitos", dijo Vázquez.
Indicó que "en estos momentos hay numerosos alcaldes del Eixo Atlántico, tanto en el norte de Portugal como en Galicia, que se están viendo inmersos en procesos judiciales", sin que haya "constancia de que hayan sido procesados".
Según el secretario general del Eixo Atlántico, en Portugal la situación es "todavía más grave", porque un alcalde puede ser imputado "por un anónimo", aunque en ese país "las reglas indican" que un regidor local "tiene que dimitir cuando es condenado, ni siquiera procesado".
Desde su punto de vista, debería haber "unas reglas de juego claras que también le den un respaldo jurídico a los alcaldes" y opinó que "no puede haber bula para nadie", pero "tampoco se puede estar promoviendo la inestabilidad política de las ciudades en estos momentos, sobre pruebas circunstanciales".
"Lo que reclamamos es una estabilidad y unas garantías jurídicas para el municipalismo o, en todo caso, un pacto político, para que se diga en qué momento tiene que dimitir el político que se vea inmerso en una situación de éstas. Si tiene que hacerlo cuando es imputado, procesado o, como en Portugal, cuando es condenado", insistió.
En la misma línea, recordó que "la historia reciente de España" está repleta de casos de cargos que "que tuvieron que renunciar a su carrera política por una imputación" y, tras ser juzgadas, quedaron "absolutamente absueltas".
"Para ejecutar las medidas que necesitamos para salir de la crisis, no sólo necesitamos ideas, que las tenemos, dinero y apoyo, sino también una cierta seguridad jurídica, para que los dirigentes de las ciudades no se vean permanentemente confrontados con ese tipo de situaciones", concluyó.
