El exalcalde muestra su ''convicción'' de que obró con responsabilidad en las obras de la calle Bedoya

El exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez ha manifestado hoy su "convicción total y absoluta" de que la junta de gobierno de 2008, en el momento del bipartito PSOE-BNG, obró "con criterio de responsabilidad" en la adjudicación de las obras de la calle Bedoya para "evitar" que se perdiese una subvención.

En total, nueve políticos de PSOE y BNG, entre ellos el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez y el primer teniente alcalde del bipartito Alexandre Sánchez Vidal, deben responder por el llamado caso Bedoya, al estar imputados con motivo de la junta de gobierno del 4 de septiembre del año 2008 que aprobó esta reurbanización sin que hubiese publicidad.

Todos ellos están imputados por supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de la calle Bedoya, valoradas en unos 593.000 euros, y efectuadas mediante procedimiento negociado sin publicidad, según denunció en su día la formación Democracia Ourensana.

A la salida del edificio judicial, el exregidor, imputado en la Operación Pokemon, ha expresado su "sorpresa" ante los medios de comunicación por la apertura de esta investigación sobre unos hechos ocurridos hace "seis años".

"No deja de ser una sorpresa que seis años después estemos hablando de algo que pasó entonces y que en aquel momento nadie recurrió", ha precisado Rodríguez, quien prestó declaración durante cerca de 40 minutos ante el juez Leonardo Álvarez, quien se encarga de la causa tras ser apartado Antonio Piña, pendiente de recusación.

El exalcalde de Ourense, quien ironizó sobre el hecho de que le hayan "invitado a declarar", ha insistido en su convicción total y absoluta de que el gobierno obró con responsabilidad, "para evitar que se perdiera una inversión importante" y ha añadido que si hubo alguna irregularidad administrativa "tendría que haberse dicho en aquel momento".

Tras él, declararon la actual concejala de Urbanismo, Áurea Soto, y el ex teniente de alcalde del BNG Alexandre Sánchez Vidal.

Ayer lo hicieron los tres empresarios que concurrieron al proceso, donde OCA fue la adjudicataria final, cuyo representante legal lo es también de Betunes y Firmes y a su vez padre del representante de Opain.

El juez investiga una posible "concertación" entre las tres empresas, que habían presentado sus ofertas el mismo día, por un escaso margen de cinco minutos.

Dos de ellas, Ocasa y Betunes y Firmes, compartían participación empresarial y administradores, y la tercera Opain S.L, "completaba la terna", según recoge en el auto.

Preguntada a este respecto, la titular de Urbanismo Áurea Soto ha explicado a la salida del juzgado que no existe "ningún informe indicando que hubiera algún tipo de problema en ese sentido" y añadió que en ninguna de las cuatro juntas de gobierno "hubo reparos" al respecto.

"Si hubiera habido alguna relación tenía que haber sido así informado por los técnicos del servicio y no hicieron ningún informe al respecto", ha continuado Soto, quien insistió en que la única "intención del concejal en aquel momento fue no perder la subvención".

Además, equiparó este proceso con el realizado por la junta de 2006, que gobernaba el PP, relativo a la compra de 294 altavoces a una empresa Jolper, que dirige el líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, y que en este caso se saltó "varios peldaños" en el proceso de adjudicación.

Por su parte, el ex teniente de alcalde, el nacionalista Alexandre Sánchez Vidal, el último en declarar, ha defendido la aprobación del expediente para hacer "una obra de la Xunta de Galicia fiscalizada por la Xunta de Galicia ".

"Aprobamos un expediente hecho por el asesor jurídico del Ayuntamiento que tenía el beneplácito de los técnicos municipales", ha manifestado Sánchez Vidal, quien afirmó desconocer la razón de esta citación.

Entre el resto de imputados se encuentran el actual regidor, Agustín Fernández, entonces concejal, quien ha sido citado el próximo jueves.

Al día siguiente, tendrá que hacerlo el ex concejal del BNG Andrés García Mata, entonces responsable de Infraestructuras, quien tendrá que responder a unas declaraciones recogidas en el auto por el jefe del servicio de infraestructuras y el interventor municipal, quienes, al parecer, ponían de manifiesto la existencia de supuestas "ilegalidades en el procedimiento", hecho que dijeron que habían trasladado a García Mata.

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