El interventor municipal reconoce que hubo irregularidades en el servicio de ayuda a domicilio

El interventor municipal del Concello de Ourense, en su declaración como testigo en la investigación de presuntas anomalías en la gestión del servicio de ayuda a domicilio del concello, reconoció que sí había irregularidades, según explicó el abogado del partido Democracia Ourensana (DO), Miguel Caride.

Esta investigación surgió de una denuncia de DO sobre la existencia de facturas falsas, cuyo importe llegaría hasta los 236.000 euros. Ahora se investiga toda la evolución del contrato con la UTE adjudicataria, Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios, entre los años 2008 y 2010.
 
Según Caride, la declaración de hoy concretó que, tras la resolución del contrato, "el 23 de diciembre de 2010" se mantuvo el servicio "durante más de un año sin que el Ayuntamiento hiciese otro proceso de licitación". Apuntó que, aunque se trata de un "servicio esencial" y que eso podría justificar el mantenimiento de su realización una vez resuelto el contrato, "dos o tres meses, seis como mucho", serían suficientes para realización de una nueva adjudicación.
 
Con respecto a las facturas supuestamente falsas, el interventor habría declarado que no emitió notas de reparo porque su función es "comprobar que cumplen los protocolos", explicó Caride, y así lo hizo. Sí presentó reparos a "otras facturas" al no encontrar "cobertura legal" durante el "periodo después de resolver el contrato".
 
En cuanto a los ordenadores incautados en el Concello de Ourense, el abogado de los denunciantes afirmó que se están "clonando" ante la necesidad de devolverlos y que se procederá a examinar sus contenidos. El proceso investiga, además, cuestiones como el sistema de adjudicación y facturación del servicio.
 
El próximo 13 de marzo declararán como imputadas, por este caso, dos funcionarias y Caride no descarta llamar a declarar al ex alcalde, Francisco Rodríguez, al coincidir las presuntas irregularidades con su mandato en la anterior legislatura. 

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