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RIESGOS

El juez aprecia "peligro para la vida" de quienes no ceden ante Los Morones

Sinaí Giménez
Sinaí Giménez
Sinaí Giménez, presunto jefe de la organización criminal, continúa en prisión al decidir no pagar los 100.000 euros de fianza que le impuso la Audiencia Provincial de Pontevedra ►Los testigos que ya prestaron declaración confirman los indicios y manifiestan "un gran temor" ►El magistrado admite que "la situación continúa con llamadas anónimas" del entorno del clan

Ocho meses después de la desarticulación del clan de Los Morones, el juez instructor tiene claro que los indicios que situaban a Olegario Giménez, rey de los gitanos, y a su hijo Sinaí, al frente de una organización criminal dedicada a la extorsión en los principales mercadillos ambulantes de la provincia, están muy cerca de acreditarse por completo. El titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Cangas do Morrazo ya ha oído en declaración a numerosos testigos (no a todos, pues un buen puñado de ellos se muestran reticentes por miedo). Este periódico ha tenido acceso a una parte de los autos, en los que afirma que "las declaraciones testificales vertidas hasta el momento no han hecho sino confirmar los indicios recogidos en el auto de admisión de la querella (la comisión, por parte de Los Morones, de los delitos de extorsión, amenazas, blanqueo de capitales, contra la seguridad social, estafa y tenencia ilícita de armas) y, en concreto, el "gran temor" que manifiestan los perjudicados, "y que parece que atiende a razones reales, teniendo en cuenta las amenazas y las extorsiones sufridas en el pasado por parte de los investigados", explica el juez, que añade que "de hecho, esta situación continúa, según dicen algunos testigos, con llamadas anónimas que, de ser ciertas, proceden del entorno de Los Morones".

AÚN EN PRISIÓN. A mediados del mes de enero saltaba la noticia de que Sinaí Giménez, príncipe de los gitanos y supuesto jefe de Los Morones junto a su padre Olegario, iba a salir del centro penitenciario en el que se halla recluido previo pago de una fianza de 100.000 euros, además del obligado cumplimiento de otra serie de medidas. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron ayer que el procesado ha optado por no hacer frente al pago de la cantidad que se le solicita, en busca de que un nuevo recurso emitido por su representación legal le sirva para abandonar la prisión asturiana en la que se encuentra sin desembolsar una cantidad que considera muy elevada. En idéntica situación se encuentra su hermano Juan Paulo, que, pese a beneficiarse de un auto muy similar en virtud del que podría abandonar la prisión, no lo ha hecho.

SAÚL. El último procesado que continúa en prisión, Saúl Giménez (hermano de los anteriores), está a la espera de que la Sección Segunda de la Audiencia dicte un auto. El Pazo de Xustiza pontevedrés celebró en las últimas horas la vista acerca de su caso, cuya resolución se dará a conocer en fechas próximas. El resultado será, previsiblemente, el mismo que afecta a Sinaí y a Juan Paulo: la posibilidad de salir en libertad previo pago de 100.000 euros, con la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado. Además, en el caso de salir de la cárcel, ninguno de los supuestos líderes del entramado criminal podrán acercarse a menos de un kilómetro de los mercadillos ambulantes de Moaña, Redondela, Sabarís, Porriño, Tui, Ponteareas, Barro, Cangas, Vigo y Pontevedra, donde, según los investigadores, tenía ‘intereses’ la red delictiva desarticulada.

Sí están en libertad los otros dos presuntos miembros de la cúpula del clan, Olegario Giménez y Marino Giménez. Los abogados de ambos esgrimieron motivos de salud para la excarcelación, lo que les sirvió para obtener su libertad condicional sin abonar fianza alguna.

RIESGOS. El juez también señala en otro de los autos que emitió a lo largo de las últimas semanas que existe "riesgo de reiteración delictiva y peligro para la vida e integridad física de las personas que no se aplanan a la voluntad de los investigados, y además, otro riesgo que existiría, teniendo en cuenta los hechos denunciados, es que el investigado trate de influir en los gitanos Zamoranos y demás testigos de cara a sus declaraciones en la fase de instrucción o en la fase de juicio oral, ya que no todos los testigos propuestos en la querella inicial han declarado".

La defensa de los investigados, por su parte, alega que la reiteración delictiva es "muy improbable cuando los hechos han salido a la luz en medios periodísticos con la identidad de los investigados, que no podrían pasar desapercibidos en el caso de tratar de reiterar los delitos". Añade, además, que "los gitanos Zamoranos han formado su cooperativa, a través de la cual parece que desarrollan la mayoría de su trabajo, lo que reduce la posibilidad de que continúe, de ser cierto, el mismo grado de extorsión o coacción que venían ejerciendo sobre los demás ambulantes".

La Sección Segunda de la Audiencia explica, por otra parte, que "no es incompatible" que Los Morones que se hayan en prisión estén participando "directa o indirectamente" en la situación de "amenazas presuntamente sufridas en el pasado por parte de los denunciantes" (como se ha dicho, testigos aseguran la existencia de llamadas anónimas atribuidas a los investigados).

En cuanto al riesgo para la vida, el juez argumenta su postura en el hecho de que la Guardia Civil se incautó en la vivienda de uno de los citados diversa munición de armas de fuego, una pistola semiautomática Llama de 9 milímetros con su munición y un machete de unos 20 centímetros "en el aparador del salón", "efectos cuya capacidad lesiva no ofrece cuestión".

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