El jurado popular ha declarado "culpable de dar muerte intencionadamente y sin posibilidad de defensa" al guardia civil J.M.S., para el que solicitan una pena de 20 años de cárcel por considerarlo autor de la muerte de su ex compañera sentimental en diciembre del 2007 en el cuartel de la benemérita de Cambados, a donde ella había acudido para presentar una denuncia por malos tratos. Ahora será la juez, magistrada de la Audiencia Provincial de Pontevedra, quien determine la pena final que le será impuesta al acusado.
El veredicto se esperaba para el jueves, pero la magistrada consideró que la motivación entregada por los nueve miembros del jurado no estaba suficientemente argumentada. Tras esta decisión, que se tomó pasadas las doce de la noche, los miembros del tribunal no pudieron volver a sus casas, pasando la noche en un hotel e incomunicados. Entre las cuestiones a las que la jueza achacó falta de argumentación se encontraban aclarar si el grado de embriaguez del imputado le permitía ser consciente de sus actos en el momento de los hechos, que marcaría un límite entre la acusación por asesinato, pedida por la Fiscalía y la acusación particular, y otra por homicidio.
En sus alegaciones finales, el ministerio fiscal retiró la atenuante de embriaguez tras el informe de los peritos pero mantuvo su petición de 20 años de prisión. La fiscal especializada en violencia machista Carmen Novo incidió en uno de los interrogantes que no se aclararon en el juicio y que, tal vez, hubiera evitado el homicidio: por qué, la madrugada del 16 de diciembre de 2007, cuando Mari Luz Pose acudió al cuartel de Cambados para denunciar a su pareja, el guardia civil de puertas no tomó precauciones y permitió que víctima y agresor se quedaran solos, lo que posibilitó que el ahora sentenciado subiese a su vivienda en el cuartel para tomar una pistola y matar a la mujer. La defensa pidió la absolución.
Finalmente, J.M.S. responderá por asesinato. Tanto la acusación particular como el fiscal han solicitado a la magistrada la imposición de medidas cautelares contra el condenado, que se encuentra en libertad provisional a causa de un error judicial que lo obligaba a personarse en el juzgado diariamente desde el mes de febrero, eludiendo la prisión provisional.
