El juzgado de instrucción número 1 de Lugo ha desestimado "un recurso de reforma" presentado en el mes de marzo por la defensa del alcalde de la capital lucense, José López Orozco, para solicitar el sobreseimiento de la causa en la que figura como imputado por el reparto de unos complementos de productividad.
La denuncia que derivó en su imputación partió de la llamada Asociación pola Legalidade do Plan Urbanístico de Lugo (Alpul), porque consideraba que el regidor local pudo haber cometido un delito de prevaricación al otorgar pluses de productividad a tres funcionarios que estaban directamente relacionados con la elaboración del PXOM, para que modificasen el sentido de sus informes sobre el plan.
El abogado que se ocupa de la defensa del alcalde, el letrado Gregorio Arroyo, se quejó de la tardanza en resolver un recurso que fue presentado "en el mes de marzo" y que "ahora se resuelve diciendo que hay que seguir con la instrucción", a pesar de que "no existe indicio de delito por parte alguna".
De hecho, el abogado recordó que "el fiscal, por tres veces", la primera mediante "un escrito razonado, en octubre de 2011", dijo que, "una vez analizado el conjunto de las diligencias, no se desprende el más mínimo indicio de delito", por lo que procede archivar la causa.
Por ello, Arroyo se preguntaba "por qué se puede mantener a una persona en el cajón de un juzgado con una imputación", habida cuenta del "daño que se le está haciendo a esta persona", cuando "el tema se tenía que resolver y se tenía que resolver ya", con "un auto de sobreseimiento". "El fiscal por tres veces lo dice", insistió.
"El alcalde, a veces, se encuentra afectadísimo con esta situación, porque le está perjudicando, no sólo a su honorabilidad, sino a su propia familia y a todo su entorno, porque estamos hablando de una ciudad en la que todo el mundo se conoce y, cada día, se abre una pieza nueva", dijo el letrado.
Por otra parte, el letrado informó de que la propia asociación Alpul se ha "apartado del procedimiento".
