El PP orensano denuncia que el Concello retrasará el PGOM hasta 2015 al incumplir los plazos

El PP ha denunciado este miércoles el incumplimiento por el Gobierno orensano de los plazos del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), con un convenio en vigor firmado entre el Concello y la Xunta-, que podría suponer un retraso en la redacción del nuevo plan hasta 2015, además de la "pérdida de subvenciones".

Así lo indicó en rueda de prensa el portavoz popular Rosendo Fernández, quien culpó de este nuevo retraso a la "ineficiencia" del alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, y de la concejala, Áurea Soto, y criticó que no hayan convocado la junta de Urbanismo prevista para esta mañana.

El Plan de ordenación municipal de Ourense, que fue tumbado por el Tribunal Supremo por irregularidades administrativas, obligó al grupo de gobierno a redactar un nuevo plan, cuya finalización estaba prevista para 2013, un plazo que según los populares no se va a poder cumplir al llevar dos años de retraso en la presentación de la documentación.

El coste total del plan asciende a 522.000 euros, según recoge el convenio firmado por ambas administraciones el 16 de diciembre de 2008, y el Gobierno de Ourense sólo ha cumplido con los plazos previstos de 2009, no así los de 2010, que se entregaron con un año de retraso, y 2011, que no se han presentado, lo que podría conllevar a "la pérdida de subvenciones" desde la administración autonómica, apuntó.

"No nos explicamos cómo un ayuntamiento que presume de tener cogidas las riendas del urbanismo con total firmeza y con gran despliegue humano" es "incapaz" de cumplir con estos trámites administrativos en tiempo y forma, aseveró Fernández, quien insistió en que "Ourense no puede estar sin PGOM" tanto tiempo.

PREVISTO INICIALMENTE PARA 2013
De esta forma, el nuevo plan, que según los populares debería estar aprobado en 2013, tendrá ahora que "aguardar dos años más simplemente por la dejadez del alcalde y de su concejala", mientras que destacó la "colaboración leal" de la Xunta, que fue quien aprobó la normativa provisional.

Fernández sumó a esta situación el coste del plan de empleo de interinos puesto en marcha por el grupo de gobierno, que implica a las arcas del ayuntamiento "358.000 euros" y un coste anual "en seis años de 2,5 millones de euros", sólo con la contratación de "ocho trabajadores", precisó.

Por su parte, la concejala del PP, Mónica Mourelo, insistió en que el grupo de gobierno no haya convocado junta de área de urbanismo, lo que según la edil es una "vulneración" del derecho a la información y supone una "obstaculización" a la labor del PP de fiscalización del ayuntamiento.

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