El PP pide que la nueva Ley de Costas ampare en la legalidad a los núcleos marineros no reconocidos

El PP reclama, a través de una iniciativa que será aprobada mañana en el pleno, que en la reforma de la Ley de Costas de 1988, que ha anunciado el Gobierno central, se reconozcan los núcleos marineros tradicionales gallegos para dar una solución a la situación de ilegalidad en la que se encuentran.

El PP también pide al Gobierno central que tenga en cuenta la proposición de ley de costas que aprobaron los populares en el Parlamento en 2010, que los grupos de la oposición, PSdeG y BNG, consideran una pretensión de instaurar la "barra libre" para la construcción en el litoral.

El diputado del PPdeG Román Rodríguez ha asegurado que no se trata de favorecer "ningún tipo de barra libre", sino de "dar solución a los problemas de los ciudadanos". Por eso, ha celebrado el anuncio del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, de modificar la ley para hacerla "más justa, menos arbitraria y más coherente", ya que cree que es necesario revisar un 15 por ciento de la normativa, porque "generó efectos perversos".

Entre ellos el de los núcleos tradicionales gallegos, aunque el diputado del BNG Bieito Lobeira ha asegurado que la iniciativa del PP "no soluciona los problemas" de estos asentamientos tradicionales, sino que por el contrario "introduce una cuña muy peligrosa para legalizar cualquier tipo de construcción".

LOS NACIONALISTAS, EN CONTRA
Lobeira ha advertido de que los nacionalistas no van a asumir esta "doctrina Telmo Martín", en referencia al ex alcalde de Sanxenxo y actual portavoz del PP en Pontevedra, que supone "tabla rasa para hacer lo que se quiera y donde se quiera en el litoral".

Por su parte, el diputado del PSdeG Ismael Rego ha manifestado que lo que se esconde tras la propuesta del PP es utilizar la crisis para "liberalizar amplísimas zonas de costas y acercar el hormigón al mar", es decir "poner el litoral al servicio de la especulación", ha concluido.

Para Rego no es necesaria la modificación de la Ley de Costas para solucionar el problema de los núcleos tradicionales gallegos, sino defender la reforma de la Ley de Vivienda que fue aprobada en Galicia durante el Gobierno bipartito, y que el Ejecutivo central recurrió ante el Tribunal Constitucional.

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