El Grupo Provincial del PSdeG de Ourense ha presentado hoy el escrito de acusación como parte personada contra el expresidente de la Diputación José Luis Baltar Pumar en el que pide una pena de "seis años de prisión y seis años de inhabilitación" por un presunto delito de falsedad documental y "diez años más de inhabilitación para empleo o cargo público" por presunto delito de prevaricación.
Además, exigen el pago de "una multa de 24 meses a razón de 300 euros día" por la falsedad documental y otra de "12 meses a razón de 300 euros día y suspensión de empleo o cargo público de tres años por el delito de malversación de fondos".
Argumentan la acusación de falsedad documental en un documento en el que Baltar Pumar "de su propio puño y letra" afirmaba que "varios concellos y mancomunidades de la provincia formularon diversas solicitudes" para "la contratación de personal laboral temporal" que se estimaban "urgente e inaplazables".
Los socialistas de Ourense explican en su acusación que "además de ser palmariamente falsas las necesidades de contratación invocadas en dicho escrito" constatan que "no hay ni una sola solicitud de los ayuntamientos para la contratación".
Con todo, el auto del 12 de abril en el que el magistrado Leonardo Álvarez le imputaba un presunto delito de prevaricación a Baltar Pumar se recoge que "si bien es cierto que no constan en los expedientes los informes de necesidad relativos a los contratos formalizados" sí "que en la mayoría de los casos parece que hubo una petición cuando menos verbal, lo que impide que hablemos de falsedad en documento público".
La acusación del PSdeG mantiene, sin embargo, que se trata de "eventuales expedientes administrativos, en sede de los cuales se dictan actos administrativos" que deben "siempre inexcusablemente tener la forma escrita". Con respecto a la prevaricación señalan que Baltar Pumar "prescindió tanto de la fiscalización previa" como de la "correspondiente publicidad" para la realización de 104 contratos, de la misma manera que se recoge en el auto de imputación.
La acusación socialista considera "indudable" que "no se le da la publicidad debida" a las ofertas de empleo en la Diputación, lo que "atenta contra el principio de igualdad". Relatan también que "llama poderosamente la atención la circunstancia de que la mayoría de las personas contratadas tengan una vinculación directa o indirecta con el Partido Popular", realizándose además en fechas próximas a la celebración del Congreso para elegir al presidente provincial del partido, resultado ganador Manuel Baltar Blanco.
Así, consideran que Baltar Pumar, en su categoría de presidente de la Diputación de Ourense "tenía perfecto conocimiento de que en las contrataciones que estaba formalizando se prescindía por completo de los trámites procedimentales aplicables según la legislación laboral".
También insisten en que concurren los requisitos para una infracción por malversación de fondos, aunque el auto del juez concluía que "no hay razón para dudar que las personas contratadas hayan desempeñado de facto los trabajos por los cuales fueron contratados" y que por lo tanto "no puede hablarse de defraudación de caudales públicos".
Por último, además de las penas descritas, solicitan en condición de responsabilidad civil una indemnización al ente provincial "por el importe que resulte de la suma total que de los presupuestos de la Diputación Provincial se ha utilizado para la contratación de las 104 personas en lo que a salarios, cotizaciones sociales y otros emolumentos se refiere".
