El Ministerio de Hacienda ha enviado hoy un escrito a la UE que cifra en 126 millones de euros el importe máximo de las ayudas concedidas que se derivan de los expedientes administrativos de las ayudas autorizadas asociadas al régimen de "tax lease".
Según informaron hoy a Efe fuentes del Ministerio de Hacienda, se trata de una cuantía teórica, basada en una autorización inicial, que ha considerado que todas las estructuras fiscales se han completado.
Según las fuentes, será necesario analizar, caso por caso, el beneficio fiscal realmente obtenido. Para ello es necesario disponer de datos adicionales sobre la realidad de cada operación, así como sobre su ritmo de ejecución.
El escrito enviado a Bruselas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas responde al cumplimiento de la decisión adoptada por la Comisión Europea (CE) en julio pasado en la que se solicitaba a España información sobre las ayudas derivadas del régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero (conocido como "tax lease").
Por tal decisión España está obligada a proceder a la recuperación de las ayudas consideradas de Estado y concedidas entre el 30 de junio de 2007 y el 29 de junio de 2011.
El próximo 28 de septiembre expira el plazo para recurrir la decisión de Bruselas sobre el sistema español de bonificaciones fiscales en la construcción naval.
Según explicaron recientemente a EFE fuentes de Hacienda, el trabajo para fijar esta cantidad estaba siendo técnicamente complejo dados los diferentes agentes implicados y el volumen de documentación analizada.
Antes de conocer las cifras concretas, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ya avanzó la semana pasada que será "muy inferior" a los 2.000 millones de euros de los que inicialmente se había hablado.
El pasado 17 de julio, el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para el sector naval deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011, aunque inicialmente las autoridades comunitarias planeaban que la devolución se remontara a 2005.
Tras esta decisión, el sector naval español aseguró que se trataba de una medida "claramente discriminatoria e injusta" y solicitó al Gobierno que aminorase el impacto de esta decisión.
El Gobierno anunció a finales de julio que recurriría la decisión de Bruselas al considerar que cuenta con suficientes argumentos jurídicos para revocarla.
Después de conocerse esta tarde que España había remitido a Bruselas el importe a devolver, la consejera vasca ha valorado este envío ya que "el sector y los inversores necesitan confianza, pasar página y empezar a trabajar sobre el nuevo sistema" de financiación aprobado por la UE.
