La sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación presentado por Jaime Maiz, el guardia civil condenado por matar a su ex pareja -Mari Luz Posse- en el municipio pontevedrés de Cambados en 2007.
Así, queda confirmada la sentencia dictada en noviembre de 2010 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el TS condena además al recurrente al pago de las costas causadas. Con esta decisión se ratifica finalmente la pena de 19 años de cárcel dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, después de que un juzgado popular declarase culpable a Maiz por unanimidad.
También aseguran que el carácter intencional del acusado está "fuera de toda duda", ya que la acción fue "voluntaria y presidida en todo su curso por la intención de acabar con la vida de la víctima", a la que Maiz apuntó "repentinamente a la cabeza" y realizó "un único y súbito disparo que le penetró por la frente".
En relación con la posible incidencia del alcohol en lo sucedido, el Supremo señala que el jurado emitió un "veredicto muy fundado" en el que "sin negar la previa ingesta de alcohol, razonó que esta no podría tener el efecto pretendido por la defensa, pues no impidió a Jaime Maiz llamar por teléfono, dialogar con sus compañeros, ir al cuartel, esperar allí a la víctima, conducir, ir a buscar la pistola y bajar con ella preparada al lugar de la acción, elegir el blanco y disparar sobre él con la puntería y la eficacia que lo hizo".
Por último, el tribunal desmonta también otras de las argumentaciones expuestas por la defensa del condenado, como su supuesta actuación en situación de trastorno mental transitorio o las dilaciones producidas en el tratamiento procesal de la causa.
El 22 de junio del pasado año, Jaime Maiz ingresaba en la prisión pontevedresa de A Lama tras una polémica libertad de la que gozaba desde el mes de febrero. Junto a los 19 años de cárcel, la sentencia de la Audiencia Provincial lo condenó también al acusado a indemnizar a los padres, hijos y hermanos de la víctima con cantidades que oscilan entre los 130.000 y los 15.000 euros, con un valor total de más de 270.000 euros. Además, establecía una medida que obliga al ex guardia civil a mantenerse alejado de la familia, que sigue residiendo en Cambados, durante 10 años, una vez obtenida la libertad.
