El Supremo noruego rechaza decidir sobre el recurso de los marineros gallegos de Long Hope

La Corte Suprema de Noruega ha considerado que todavía no puede pronunciarse sobre la demanda de los antiguos marineros españoles que trabajaron en el país nórdico y ahora, al no recibir sus pensiones, se agrupan bajo el nombre de Long Hope. La asociación engloba a 12.000 españoles, de los que 8.000 son gallegos, que trabajaron entre 1948 y 1994 en la marina mercante noruega, donde tenían prohibido por ley cotizar a la seguridad social. Allí pagaban sus impuestos y, cuando se empezaron a jubilar, descubrieron que el país nórdico se negaba a hacer frente al pago de sus pensiones, una situación que han reclamado ante un juzgado de primera instancia de Oslo, que ha dado la razón al Estado noruego.

El pasado 17 de julio el alto tribunal noruego emitió una respuesta de apenas un párrafo, que da una contestación negativa a la solicitud de Long Hope de llevar directamente a la Corte Suprema el recurso contra la sentencia del citado órgano judicial de primera instancia. Los antiguos marineros aseguran que esta decisión carece "de argumentos jurídicos que la justifiquen", pues su extensión no llega a las tres líneas.

La Corte Suprema entiende que antes de acudir directamente a ella es necesario recurrir a los diferentes tribunales de apelación, lo que en Long Hope consideran que solo sirve para "ganar tiempo". "Nosotros desde el principio hemos dicho que queríamos ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero para eso hace falta agotar la vía judicial en Noruega. Recurrimos a su Tribunal Supremo porque su legislación lo permite y así podríamos ir a Europa, pero hacen todo lo que pueden para alargar el proceso y nosotros no nos vamos a cansar", ha declarado Alberto Paz Viñas, portavoz de Long Hope.

Esta respuesta de la Corte Suprema implica que los plazos podrían "eternizarse" y los antiguos marineros afirman que eso "beneficia claramente" a Noruega y perjudica los intereses de un colectivo de emigrantes de avanzada edad y, en algunos casos, en un delicado estado de salud. "Noruega gana tiempo en su estrategia de evitar ser juzgada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", continúan los jubilados, que esperan cobrar sus pensiones tras años de duro trabajo.

Censuran también la actitud del Gobierno de España, pues dicen que "mira para otro lado" y no se ha personado en la causa ni ejerce presión internacional como piensan que debería hacer. "Es indigno que nuestros gobernantes no hagan nada ante tan magna injusticia social", resume Alberto Paz Viñas, que asegura que sus movilizaciones continuarán hasta que se haga justicia en su caso.