El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha anulado el pago del Ayuntamiento de Pontevedra a los funcionarios de un complemento de productividad como compensación a la supresión de la extra de navidad de 2012 decretada por el Gobierno central.
Además de anular la resolución que aprobó el abono de este complemento, el TSXG ordena en su sentencia a la corporación pontevedresa a recuperar las sumas indebidamente abonadas a sus perceptores, "adoptando cuantas medidas sean necesarias para proceder a su reintegro a la hacienda municipal".
El alto tribunal gallego aprecia desviación de poder por parte del Ayuntamiento de Pontevedra, ya que recuerda que un plus de productividad se vincula a la "especial iniciativa o rendimiento singularizado" de algunos empleados públicos.
Sin embargo, en este caso entiende que se ha utilizado "para compensar la privación de la paga extraordinaria de diciembre".
Se basa, entre otros indicios, en varias declaraciones a la prensa del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en las que habla de "una decisión consciente de oposición e insumisión y rebeldía" ante la supresión de la extra de navidad por parte del Ejecutivo central.
La Abogacía del Estado había recurrido una sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Pontevedra que avalaba el pago de dicho complemento.
Argumentaba que el juzgado en cuestión se equivocó al rechazar sus reclamaciones por una cuestión formal, el entender que había apelado una resolución posterior a la que fundamentaba verdaderamente la decisión del ayuntamiento.
El TSXG precisa en su fallo que el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local el 15 de octubre de 2012 y una resolución ulterior del concejal de Hacienda y Medio Ambiente de 16 de noviembre del mismo año son dos actos sucesivos de un mismo procedimiento administrativo.
Abunda en que la sentencia apelada incurre en "un exceso procesal al cerrar el paso" a analizar la legalidad del acto de trámite antecedente que desemboca en el acto final impugnado.
El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, ha "lamentado profundamente", en declaraciones a los medios en Santiago, que los funcionarios se vean perjudicados por culpa de "la irresponsabilidad de unos gobernantes" que decidieron abonar "ilegalmente" una paga para conseguir "réditos políticos".
Fuentes municipales consultadas por Efe han señalado que los servicios jurídicos estudiarán la próxima semana las consecuencias de esta sentencia, que "acatan, como no puede ser de otra forma".
Detallan que de los casi 500 funcionarios municipales, esta sentencia afecta a aproximadamente la mitad, ya que el expediente de la paga de productividad se dividió en tres expedientes y la Abogacía de Estado solo recurrió el relativo al personal de asuntos generales.
Policías, bomberos y personal de los organismos autónomos, que también la cobraron, no estarían afectados por esta sentencia, apuntan las fuentes.
Los dirigentes del ayuntamiento de Pontevedra se ratifican en que detrás del recurso de la Abogacía del Estado subyace "una persecución política" por parte del PP, en vista de que otros ayuntamientos, alegan en el consistorio pontevedrés, pagaron la extra y no los llevaron a los tribunales.
Una teoría que creen que se vería reforzada si además la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra reclama ahora la ejecución de la sentencia cuando hay varios precedentes de lo contrario.
