¿Qué consecuencias sociales tendrá la modificación de la Risga?
La aprobación por parte del Consello da Xunta del proyecto de decreto, que se trasladará al Consello Consultivo, va a ser un avance importante e innovador porque va a permitir, por una parte, que las personas perceptoras de la Risga puedan ver incrementadas las cuantías para cubrir sus necesidades básicas y, por otra parte, trabajar en la línea de la inserción laboral y que se favorezca la empleabilidad. Es uno de los objetivos fundamentales marcados por la Comisión Europea: asociar las rentas mínimas al empleo. Y para esta inclusión activa de las personas trabajarán de forma coordinada los servicios sociales y los servicios de empleo.
¿Qué condiciones han cambiado desde el año 2013 que hacían necesarios estos cambios?
Hay una serie de recomendaciones, como una medida importante que venían demandando las entidades de iniciativa social, que es la de que dos unidades de convivencia pudieran compartir el mismo domicilio, en alquiler o acreditando cualquier otro tipo jurídico. También que los servicios sociales deben estén coordinados con los servicios de empleo, porque las administraciones tenemos la obligación de cubrir las necesidades básicas de las personas en esta situación. También tenemos que tratar que puedan salir del sistema, que no tengan que tener una prestación y ser autosuficientes gracias al trabajo. El empleo es fundamental en la inclusión, porque garantiza unos recursos pero, además, dignifica a la persona. Por otro lado, las modificaciones abordan un aspecto también importante: para la Risga antes se consideraban los ingresos que uno tenía reconocidos, y ahora se estiman los que son efectivos. Está el ejemplo de los pensionistas venezolanos, que tienen reconocida una cantidad que, en realidad, no se les está abonando. Queremos ser coherentes con ello, porque hoy le sucede a los pensionistas venezolanos, pero mañana le puede afectar a cualquier otra persona que tiene reconocidos unos ingresos pero que no son efectivos.
La evolución de la situación socioeconómica también influye.
Tanto Galicia como España estamos saliendo de la crisis, estamos en crecimiento y en disposición de poner los recursos necesarios para un decreto que garanticen todas estas cuestiones y su impacto económico, para hacer una Risga innovadora y que sea referencia para otras comunidades.
¿A cuántas personas más se prevé que llegue la renta de inclusión?
Con la implantación de la posibilidad de compartir empleo y prestación se prevé que pueden incrementarse en unas 400 o 500. Un 50% podrá acceder al tramo de inserción. Pero son previsiones, luego la realidad dirá y nos amoldaremos a la situación. Somos conscientes que puede incrementarse el número de perceptores porque abrimos el abanico para que entren más personas que antes, pero las medidas de incentivación de empleo y de contratación de perceptores de Risga, cuya situación económica está mejorando, permite que el número de personas perceptoras esté descendiendo. El objetivo fundamental es que cuantas menos risgas haya, mejor, porque eso quiere decir que la gente tiene un trabajo. Es la inclusión activa. Aunque no todo el mundo es empleable, ya que su situación social o sanitaria le impide acceder a un empleo. Ahí también tenemos que esforzarnos y trabajar con ellas.
Respecto de este nuevo tramo de inserción, ¿cómo se realiza el diagnóstico de empleabilidad?
Tanto los trabajadores sociales de los ayuntamientos, en coordinación con los servicios públicos de empleo, y de forma individualizada con el beneficiario, establecen un diagnóstico sobre si esa persona puede ser empleable. En segundo lugar, se prepara un convenio de inserción laboral buscando esas cuestiones en las que haya que trabajar y la persona tenga que cumplir, como la búsqueda activa de empleo, cuestiones relacionadas con formación, asistencia a cursos, prácticas profesionales... Es un diseño conjunto de un programa de inserción laboral que el usuario debe cumplir para acceder a este complemento, al que va el 35% del Iprem, 188 euros, una cantidad importante.
¿Qué rol jugaron en la elaboración del decreto las entidades sociales que trabajan en la inclusión?
Han sido claves. Desde hace tiempo habían puesto encima de la mesa cuestiones que consideraban importante para mejorar el decreto de la Risga, como la incorporación de los dos tramos y, sobre todo, la compatibilidad con el empleo y la Risga, así como la posibilidad de compartir vivienda por parte de dos unidades de convivencia. A lo largo del desarrollo del texto se mantuvieron encuentros con estas entidades, durante el periodo de información y alegación pública se aceptaron un número considerable de aportaciones que presentaron, aunque otras no se podían aceptar porque iban más allá del decreto, con cuestiones que a lo mejor requerían modificar la Lei de Inclusión, que no procede en un decreto. Quiero agradecerles ese trabajo conjunto. Se trató de buscar el máximo consenso y las entidades son conscientes del esfuerzo que ha hecho la Xunta para mejorar el decreto. Y seguiremos trabajando de la mano de ellas para seguir mejorándolo, porque ellas son las que de verdad conocen la realidad.
¿Y en qué se irá trabajando a partir de ahora?
En primer lugar, en implantar el decreto y ver cómo va evolucionando, en si hay que hacer correcciones y adaptaciones. Un aspecto fundamental en el que ya trabajamos es en la agilización de la tramitación de la Risga, porque su resolución tiene que ser lo antes posible. Es el objetivo número uno. A este aspecto va a ayudar la historia única electrónica, que permitirá a los trabajadores sociales de los concellos, al resto de actores y al propio usuario facilitar al máximo su tramitación y la presentación de documentación necesaria.
