Con el fin de que los usuarios de los centros de día especializados en la atención de personas con alzhéimer y otras patologías neurodegenerativas y sus familiares puedan tener una mayor "liberdade para decidir onde queren que se lles preste o servizo", la Xunta ha acordado consolidar 314 plazas en ocho establecimientos de titularidad pública cuya gestión está externalizada en manos de entidades sociales sin ánimo de lucro.
¿Cómo? Mediante la fórmula del concierto social, que permitirá dar más estabilidad a la prestación del servicio dado que estos acuerdos tendrán una duración inicial de cuatro años y se podrán renovar hasta alcanzar un máximo de diez, lo que supone una mayor continuidad con respecto a los contratos de gestión convencionales. En total, el Ejecutivo desembolsará 18,5 millones.
El Consello da Xunta acordó este jueves la consolidación de estas plazas —no supone incrementar las existentes— y allanar a los usuarios que sean adjudicatarios de una vacante subvencionada conforme a la Ley de Dependencia la elección dentro de la oferta disponible, según explicó el presidente, Alfonso Rueda, en la comparecencia ante los medios posterior a la reunión semanal de su gabinete.
Los centros de día para enfermos de alzhéimer de Pontevedra, Moaña y Vigo han sellado el nuevo concierto social con la Xunta
El mandatario —que puso en valor el aumento de las plazas públicas para personas con dolencias neurodegenerativas en centros de día de las 230 de 2009 a las 520 actuales— avanzó que la intención es extender "pouco a pouco" la fórmula del concierto social a otros servicios. También negó que se trate de una "privatización". "Pretendemos darlle liberdade ao usuario para decidir onde quere que lle presten o servizo e que non teña que estar, como agora, a disposición do que haxa en cada momento", explicó.
Los centros de día de atención a enfermos de alzhéimer con los que se ha sellado el nuevo concierto son los de Lugo, Viveiro, Pontevedra, Moaña, Vigo, Ourense, Ribeira y Ferrol.
Centro de Protonterapia de Galicia
En materia sanitaria, el Gobierno gallego revisó el inicio del proceso urbanístico para la aprobación del proyecto del Centro de Protonterapia de Galicia que se levantará en Santiago, en el entorno del Chus. Rueda indicó que el objetivo es que en junio de 2025 brinde tratamiento de precisión a enfermos de cáncer con tumores situados en lugares sensibles y a niños.
El centro —que estará intercomunicado con el Hospital Clínico y con el Gil Casares— contará con un presupuesto de 22,28 millones. Para reducir "ao máximo" los tiempos de tramitación y agilizar las obras, la Xunta propone su tramitación mediante el procedimiento previsto para proyectos públicos de urgencia o excepcional interés previsto en la legislación.
Respecto a las protestas sociales en relación a la situación del sistema sanitario público, Rueda culpó al Gobierno de Sánchez de actuar "como un tertuliano" cuando de su gestión depende "unha parte importante da solución". Afeó que se "compliquen máis" los criterios para formar a residentes MIR en Atención Primaria, que no se cree la especialidad de urgencias y que no se despliegue una convocatoria extraordinaria de plazas MIR. Entre las medidas activadas por la Xunta, defendió que permitir a los médicos compatibilizar consulta pública y privada permitirá retener profesionales y evitar que más galenos "abandonen" el Sergas.
Despliegue de 15,6 millones en ayudas para obras municipales
A poco más de tres meses de las elecciones municipales, el Gobierno gallego aprobó este jueves los criterios que deberán cumplir los concellos con menos de 15.000 habitantes para poder optar a la partida adicional de 15,6 millones de euros que la Xunta habilita bajo el paraguas del Fondo de Cooperación Local. "Destínanse a necesidades directas e moi necesarias", defendió Alfonso Rueda, que explicó que esos recursos tendrán que invertirse "nos servizos máis demandados" por los vecinos. Con esta orden, que se publica este viernes hoy en el Diario Oficial de Galicia, se dará cobertura al 90% de los concellos.
Ese dinero se articulará en tres líneas. Un total de 8,6 millones se destinarán a mejorar la eficiencia energética de edificios de titularidad municipal con un máximo de 200.000 euros por ayuntamiento. Tendrán prioridad centros educativos, polideportivos y, en segundo lugar, los locales de servicios sociales. La segunda línea, con 2 millones, prevé ayudas de hasta 30.000 euros para la facilitar la compra de maquinaria, equipamiento y vehículos como camiones de recogida de basura. Los 5 millones restantes estarán enfocados en actuaciones de modernización y mejora de las redes de abastecimiento, con un tope de 50.000 euros. Se dará preferencia a las inversiones destinadas a reducir las fugas de agua.
El titular de la Xunta, que recordó que el Fondo de Cooperación Local cuenta este año con 143,4 millones, un 14% más que en 2022, desvinculó esta orden de ayudas de las elecciones del 28 de mayo. Además, auguró que la resolución podría no concretarse hasta después de los comicios.
