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El Estado considera "errónea, arbitraria e ilógica" la buena fe de los Franco en Meirás

Pazo de Meirás. CABALAR
Pazo de Meirás. CABALAR
La Abogacía del Estado asegura que esta solo podría presumirse, en todo caso, a partir de 2017, con la muerte de la hija del dictador

El recurso extraordinario por infracción procesal y de casación que ha presentado la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo argumenta que la conclusión de la buena fe de los herederos de Franco con respecto al Pazo de Meirás es "errónea, arbitraria e ilógica" y, en todo caso, solo se podría presumir a partir de 2017, con la muerte de Carmen Franco, hija del dictador. 

En su argumentación, la Abogacía del Estado sostiene que la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que reconoce una indemnización a los Franco por los gastos de conservación de Meirás desde 1975, cuando fallece el dictador, "construye su argumentación jurídica sobre una base incierta respecto del contenido de la demanda al afirmar que en ésta se reconocía la buena fe de los demandados". 

"Lo cierto —continúa la Abogacía del Estado— es que la demanda no reconoce esa condición de poseedores de buena fe a los demandados. Por el contrario, los hechos, pruebas y pretensiones ejercitadas en la demanda implican la negación expresa de esta buena fe". 

Así, la conclusión de la posesión de buena fe de los herederos es "errónea, arbitraria e ilógica" y la argumentación del fallo es "confusa, incompleta e incongruente en cuanto al momento a partir del cual ha de admitirse la buena fe a efectos de proceder a la liquidación del estado posesorio". 

Según la Abogacía del Estado, la esposa de Franco, Carmen Polo, "tuvo perfecto conocimiento" de las circunstancias de la adquisición del pazo, de que la escritura de 1941 era un negocio simulado, de la posesión pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueño de la Administración del Estado del inmueble desde 1938 hasta 1975, y del mantenimiento por el Estado desde 1975 hasta su donación. 

"Estas condiciones excluían su condición de poseedora de buena fe" y, dado que "la persona de quien recibió la cosa ni era dueño de ella, ni podía transmitir su dominio, era pues poseedora de mala fe". 

En consecuencia, a los efectos de la liquidación del estado posesorio, desde el 20 de noviembre de 1982, cuando se firma la escritura de donación, al 29 de noviembre de 2017, en que fallece Carmen Franco, hija del dictador, la posesión que esta ostentó "solo puede ser calificada como una posesión de mala fe". 

En relación a sus herederos, cita el recurso una entrevista televisiva a Francisco Franco Martínez-Bordiú en la que afirma que la adquisición del pazo fue un regalo a su abuelo, y que existe una idea popular de que el pazo fue regalado a Francisco Franco Bahamonde; también se reconoce que en la compraventa de 1941 no se indicó el verdadero precio sino otro muy inferior. 

"Este dato, unido a lo anterior, vendría a confirmar el conocimiento de los codemandados sobre los posibles vicios que afectaban a su título", por lo que, desde la muerte de Carmen Franco al 10 de diciembre de 2020, momento en que se procedió a la entrega del inmueble en ejecución provisional de la sentencia, la posesión de los demandados solo puede ser "posesión de mala fe". 

De forma subsidiaria, en el caso de no estimarse el motivo anterior, considera la Abogacía del Estado que tanto Carmen Polo como Carmen Franco podían ser consideradas como poseedoras de mala fe, por lo que los posibles efectos de la buena fe posesoria de los demandados solo se producirían desde el fallecimiento de esta, en 2017. 

Todas las administraciones que se han posicionado a favor de que el Pazo de Meirás forme parte del patrimonio público han presentado ya sus respectivos recursos ante el Tribunal Supremo contra la indemnización a los herederos del dictador Francisco Franco por conservarlo, en los que han expresado dudas sobre la "buena fe" de la familia. 

El Estado considera "errónea, arbitraria e ilógica" la buena fe de...
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