El Estado insiste en que Franco "se apropió ilícitamente" de Meirás con un fraude

La Abogacía del Estado y los herederos de Franco defendieron este jueves, en sus conclusiones del juicio sobre la propiedad del pazo, que ambos podrían haber adquirido el bien por usucapión
Partes implicadas en el juicio
photo_camera Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, conversa con Miguel Torres, abogado del concello de Sada, antes de iniciarse una nueva sesión del juicio. EFE

El Estado sostiene que Franco no adquirió el Pazo de Meirás porque los posibles títulos de adquisición de 1938 y 1941 "son nulos, el primero por defecto de forma y el segundo por simulación absoluta". Defiende que es la administración la que adquiere el bien por usucapión "por uso continuado para fin público", y que los herederos no han adquirido el dominio sobre el pazo porque "no tienen ningún título válido" y el "bien es intransmisible", tampoco por usucapión porque al ingresar el pazo en el dominio público es imprescriptible.

En la cuarta y última jornada del juicio, el abogado del Estado jefe en Galicia, Javier Suárez, subrayó a partir de ahí que Franco "se apropió ilícitamente" de Meirás mediante "un fraude", en referencia a la escritura de compraventa de 1941. "Estamos ante un título simulado que busca generar la apariencia de que Franco lo adquirió", dijo en alusión a la escritura. 

Por su parte, la defensa de los Franco contempla la nulidad de la escritura del 38 pero no la del 41, porque "la voluntad de todas las personas que participaron" en aquel momento "era inequívoca" acerca de realizar una transmisión dominical del inmueble a Franco y de este de poseerlo, pues consideraba que "Meirás era suyo", y descarta que el Estado se puede arrogar como poseedor en concepto de dueño para usucapir el bien porque la persona física que poseyó el pazo y lo usó como su residencia fue Franco.

Además, alega el letrado, aunque la administración hubiera poseído o estuviera presente en el pazo por ser Franco jefe del Estado no lo hizo en exclusiva ni ininterrumpidamente, puesto que el dictador asumió determinados gastos y además la Administración pública le giraba cada año los recibos de contribución por ejemplo, por lo que no cabría la usucapión que alega el Estado, apostilla.

También argumenta que aunque hubiera usucapido el Estado el inmueble en 1975, cuando murió Franco, se evidencia desde ese momento, dice el abogado, un abandono del derecho de propiedad porque "se desentendió del pazo, no asumió los gastos, designó otros edificios como residencia del jefe del Estado" y "explícitamente a efectos administrativos o registrales" designó a los herederos como propietarios, aún habiendo un guarda hortelano hasta 1990.

"Si fue adquirido con dinero y sudor del pueblo debe ser devuelto por fin al pueblo", dice el letrado de la Xunta

Ello ocurre casi 30 años antes de que el Estado se arrogue un derecho sobre esta propiedad al presentar la demanda, apunta el letrado en relación al periodo necesario para la usucapión extraordinaria, y es "incontrovertida la usucapión ordinaria", para la que se requieren diez años, pues la demandante reconoce la posesión de los herederos desde 1990 a todos los efectos, zanja.

En el juicio, celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña y con la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación provincial como partes, han comparecido dieciséis testigos, entre ellos vecinos de Meirás, historiadores, peritos o un funcionario. Algunas de las declaraciones han sido más personales, como las del vecino de Meirás que aseguraba que a su abuela la habían "expulsado de su casa" para ampliar la propiedad del pazo, y otras, casi todas, se remontaban al año 1938 para relatar que la suscripción popular no fue voluntaria sino "forzosa".

Este jueves el letrado de la Xunta, que respaldó las argumentaciones del Estado, instó a recordar a quienes realizaron aportaciones de una u otra forma para el inmueble y añadió que si "fue adquirido con dinero y sudor del pueblo debe ser devuelto por fin al pueblo". Sin embargo, apunta el abogado de los Franco, "es irrelevante a efectos de este litigio si las aportaciones para sufragar el pazo eran voluntarias o forzosas porque no salieron del erario público, sino de ciudadanos particulares que no son parte en el procedimiento".

Las partes coincidieron en que "hay que hacer justicia histórica" pero, finalizó el letrado de los herederos, "este no es el lugar" sino que esas cuestiones deben dilucidarse "en otros foros". "Este no es un juicio político ni histórico, no va de si Franco era bueno, malo o regular", concluyó Gil antes de quedar el caso visto para sentencia.

Comentarios