El que fue alcalde de Coristanco (A Coruña) entre 1991 y 2015, Antonio Pensado, acusado de prevaricación, malversación y fraude, ha alegado en el juicio que eran los funcionarios los que encargaban materiales y gasóleo a las empresas y no él, que, según ha dicho, solo firmaba los pagos porque no tuvo "ningún tipo de advertencia".
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha celebrado este miércoles el juicio contra el que fue regidor del PP en el mencionado municipio de Bergantiños, que se enfrenta a cinco años de cárcel y 27 de inhabilitación por dos delitos de prevaricación, uno de malversación de caudales públicos y otro de fraude a la administración pública.
Concretamente, la Fiscalía lo acusa de aprovechar para su uso personal, en el año 2011, tres entregas de hormigón que iban destinadas a obras municipales y de contratar el suministro de gasóleo en 2012 para las instalaciones municipales a un precio muy superior al de mercado. Además, imputa a su mujer y a su hijo por supuestamente haber recibido el hormigón.
En la sesión, Antonio Pensado ha defendido su "honradez ejemplar" durante sus años como mandatario y ha sostenido que la obra para la que se pidió el hormigón era pública, aunque ha precisado que estaba a unos "50 o 300 metros" de su vivienda, en la parroquia de Seavia. Los trabajos, según ha narrado, consistían en cubrir de hormigón unos tubos en un camino.
"Le digo con toda seguridad que no llevaba yo ese contrato", ha enfatizado el exregidor, que ha justificado que él firmaba los pagos que llegaban a la Alcaldía "con informes de funcionarios". Estaban ordenados, ha añadido, "por el departamento de financiación", el cual "jamás" le dio "ningún tipo de advertencia''.
Además, también ha apuntado que "no hay un contrato" porque era una obra "pequeña" y se hizo "de urgencia".
Respecto a la cuestión del gasóleo, que según la Fiscalía se contrató a un precio "hasta tres veces superior al normal", Antonio Pensado ha subrayado que él nunca pidió el combustible. "Yo jamás hablé de gasóleo ni con esa empresa, ni con otra empresa", ha remarcado el acusado, que ha agregado que solo se percató de que el precio era exageradamente alto cuando las facturas le llegaron informadas. "Para mí los informes de los funcionarios públicos son sagrados", ha recalcado.
Por otra parte, la mujer de exalcalde, para quien la fiscal solicita cinco meses de cárcel y cinco años y medio de inhabilitación, ha alegado que no recuerda si firmó en concreto el albarán de entrega del hormigón, pero ha defendido que ella, en general, no firmaba nada del Ayuntamiento. "En esos temas no tengo nada que ver", ha puntualizado. "Si lo firmé sería porque cuando vino el hormigón estarían los obreros tomando bocadillo y estaría yo por ahí", ha señalado.
Mientras, el hijo del exregidor, para quien el Ministerio Público demanda la misma pena que pide para la mujer, ha narrado que es funcionario municipal y trabajador de la brigada de obras, por lo que firmaba albaranes "todos los días". También ha apuntado que no recuerda la cantidad que se pidió, ni si lo hizo en esa obra concreta. Preguntado por si el hormigón se destinó a usos propios, el encausado ha respondido "no, ni muerto".
Antes de la declaración de los tres, la abogada de la defensa ha pedido aportar un informe pericial que busca acreditar "la ausencia de pavimento de hormigón dentro de la propiedad" de su cliente y ha pedido que se contemple la atenuante de dilaciones indebidas como "muy cualificada".
