Exigen a Regades explicaciones porque su cuñado trabaja en una concesionaria municipal

El PP y Marea de Vigo le piden al concejal socialista que se abstenga de participar en la mesa de contratación del alumbrado público por la presencia de su familiar en Imesapi

Los grupos del PP y de la Marea de Vigo han exigido este miércoles explicaciones sobre la razón por la que el concejal David Regades, que preside la mesa de contratación del servicio de mantenimiento del alumbrado público, no se abstiene de participar en el proceso de selección.

Lo debe hacer, según han denunciado los grupos de la oposición, porque un cuñado de Regades trabaja en Imesapi, actual concesionaria de este servicio, y que es objeto de investigación judicial en el marco de la supuesta contratación irregular de la cuñada de la teniente de alcalde, Carmela Silva. Una causa en la que es investigado otro edil vigués, Santos Héctor, a la sazón secretario provincial del PSdeG-PSOE en Pontevedra.

Una de las empresas que participan en el concurso del servicio de mantenimiento del alumbrado público solicitó información a la mesa de contratación sobre la presencia en la nómina de Imesapi de un familiar, en este caso de segundo grado, de uno de sus miembros, David Regades, cuyo voto es de calidad.

En respuesta a este requerimiento, un informe municipal esgrimido en la mesa de contratación señala que este trabajador no tiene ningún tipo de responsabilidad en la empresa.

El portavoz de la Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha expresado sus dudas al respecto y ha incidido en que esta persona es socio en algunas empresas de Ramón Comesaña, representante de Imesapi, quien es investigado en el caso del supuesto "enchufe" de la cuñada de Carmela Silva, y también del propio Regades.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspendió cautelarmente el concurso de mantenimiento del alumbrado el pasado enero a instancias de una de las empresas que presentó una oferta, a cuenta de la obligación de subrogar a un encargado con un salario anual de más de 97.000 euros y con contrato indefinido.

EL PSOE RESPONDE: "TODO ES LEGAL". En respuesta a las denuncias de la oposición, el portavoz del gobierno local, Carlos Font, ha afirmado que el procedimiento se rige por "la más absoluta legalidad" y ha tachado de "absolutamente falsas" las acusaciones de PP y Marea, cuya forma de hacer política, a base de "mentiras y falsedades", es "despreciable". "Estamos hartos y hasta aquí hemos llegado", ha proclamado Font, quien ha avanzado que el gobierno de Vigo tomará "todas las acciones debidas".

Ha incidido en que tanto PP como Marea pretenden "resarcirse de sus derrotas electorales con sacos llenos de mentiras, calumnias y falsedades", y representan "la cara más sucia de la política". En contraposición, ha abundado Font, el gobierno local es sinónimo de "garantía de la legalidad absoluta" y también de "transparencia".

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