Es falso que la reforma de la ley gallega de salud ampare "detenciones de civiles en centros de aislamiento" o reclusiones en "campos de concentración" para los contagiados de covid-19, como afirman mensajes difundidos en redes sociales que tergiversan el contenido de esta norma en tramitación parlamentaria.
Desde hace días circula en redes sociales y plataformas de mensajería una campaña contra la reforma de la ley gallega de salud cuyos mensajes denuncian que la nueva norma, a la que denominan Ley Auschwitz, viola los derechos humanos y constitucionales y pretende crear "campos de concentración" para los contagiados de covid-19.
Los impulsores de esta campaña promueven recogidas de firmas en contra de la reforma y uno de sus textos más compartidos asevera que la nueva ley gallega "será impuesta en el resto de las comunidades autónomas" más adelante.
Según ese mensaje, la ley someterá a los gallegos a "vacunación obligatoria", "hospitalizaciones por la fuerza", "más toques de queda, cuarentenas y aislamientos indefinidos", "tratamientos médicos a criterio de la autoridad política sanitaria", "detención de civiles en centros de aislamiento que ya se están construyendo", "incautación arbitraria de bienes a ciudadanos" y "cierre arbitrario de empresas".
Ese escrito puede verse en centenares de publicaciones de Facebook, Twitter e Instagram. Hay también un canal público en Telegram llamado No a la Ley Auschwitz que cuenta con 4.000 miembros.
Pueden además verse decenas de vídeos en plataformas como LBRY, YouTube, LoVeoTV, Rumble y Twitch con esos mismos argumentos para oponerse a la proposición de ley, así como audios con motivos similares en plataformas de pódcasts, como Ivoox.
Las denuncias sobre los peligros de la nueva ley pueden leerse también en otras publicaciones muy variadas, como la revista sobre gimnasios Gym Factory o ventanas de debate abiertas en el foro Burbuja, en ForoLibre y en ForoCoches.
Quienes se oponen a la proposición de ley han expresado asimismo su descontento en la pestaña de participación ciudadana del portal de internet del Parlamento gallego, que tiene unos 550 mensajes contra ese texto, muy por encima de la media de los que suele haber en esta tribuna de comentarios a las iniciativas legislativas en Galicia, llamada "Legisla con nosotros".
DATOS: Lejos de amparar la reclusión de contagiados en "campos de concentración" o "centros de aislamiento", la reforma prevista de la ley sanitaria gallega garantiza precisamente que la Administración pagará alojamientos en hoteles o en otros lugares a quienes necesiten aislarse por cuarentena y no dispongan de los espacios adecuados para ello con los servicios precisos.
UNA ALTERNATIVA AL ESTADO DE ALARMA.
La reforma aludida en esos mensajes alarmistas es una modificación de la Ley de Salud gallega propuesta por el PP en el Parlamento de Galicia, donde dispone de mayoría absoluta, con el fin de adecuar la normativa a las situaciones de pandemia. Los cambios en la norma serán seguramente aprobados por el pleno de la Cámara autonómica este febrero, tras la tramitación de las enmiendas en la comisión de Sanidade.
La nueva ley tendrá aspectos novedosos, como las sanciones previstas para quienes no se quieran vacunar, por lo que ha tenido repercusión mediática más allá del ámbito sanitario gallego, pero mucha información al respecto trasladada a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería está repleta de falsedades e inexactitudes.
En agosto pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió a las comunidades autónomas la posibilidad de endurecer las medidas contra la pandemia al aumentar los contagios en una segunda ola, después del primer estado de alarma estatal (de marzo a junio) y antes del segundo (desde octubre hasta el próximo mayo).
Entonces, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, explicó que su intención iba a ser modificar la Ley de Salud gallega vigente desde 2008, porque lo veía más apropiado para situaciones prolongadas que el empleo de los estados de emergencia previstos en la Constitución.
Mes y medio más tarde, en octubre, Núñez Feijóo concretó su propuesta y expuso que la reforma legislativa "bebe en las fuentes del Tribunal Constitucional" y sería suficiente para dotar a la Xunta de "mecanismos útiles y efectivos para ejercer sus competencias" en una epidemia sanitaria, sin requerir un estado de alarma, ya que esa "es una medida excepcional y no resulta adecuado acudir a ella para un control sistemático y diario de la pandemia".
En noviembre fue registrado el texto de la modificación legislativa en forma de proposición de ley planteada por el Grupo Popular de Galicia.
Según indicó el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, habían optado por ese método para acelerar el proceso y que pudiese salir adelante este febrero, ya que si fuese un proyecto de ley de la Xunta se prolongaría el trámite parlamentario.
El artículo 38 de la ley especifica las medidas preventivas en materia de salud pública. La redacción de las que atañen a la controversia sobre los supuestos "campos de concentración" está así descrita:
"Medidas de control de personas enfermas, en su caso, como aislamiento domiciliario, hospitalización, aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin".
"Medidas para controlar a las personas que están o han estado en contacto con personas enfermas, como estar en cuarentena en casa o en otro lugar adecuado para tal propósito".
HOTELES PAGADOS, NO CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
Esa mención a un lugar de internamiento adecuado para las cuarentenas da pie a las alusiones a campos de concentración, cuando el espíritu de la ley es "todo lo contrario", según aclaran a EFE fuentes del Grupo Popular en el Parlamento gallego.
"Lo que permite esta ley es que un enfermo que no disponga de un lugar en el que estar aislado con los servicios que necesita, como un baño propio, se lo tendrá que proporcionar la Administración, sea en un hotel o en algún otro lugar adecuado, y siempre con cargo a la Administración", explican estas fuentes.
En ese sentido, recuerda que durante esta pandemia en algunas comunidades autónomas, como en Madrid, ya se ha recurrido al uso de hoteles pagados por la Administración para facilitar los aislamientos.
Pretenden recoger en el texto de la ley sanitaria esa posibilidad precisamente para que quede claro el ofrecimiento de ese derecho a un hotel gratuito para pasar el confinamiento a quienes estén contagiados o bajo sospecha de contagio.
Por tanto, según subraya, que te paguen el alojamiento en un hotel es lo contrario a un campo de concentración, que no es más que una fabulación "de los negacionistas" sin base alguna.
MULTAS POR NO VACUNARSE EN CASOS EXCEPCIONALES
El artículo 41 bis de la redacción ahora prevista de la Ley de Salud de Galicia establece asimismo como una infracción de carácter leve la "negativa injustificada a someterse a medidas preventivas, consistentes en la vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias".
De este modo, quien no se quiera vacunar –y no tenga un motivo que lo desaconseje– estará cometiendo una infracción leve y podrá ser multado por un importe entre 1.000 y 3.000 euros, acorde a las cantidades estipuladas para las sanciones en el artículo 44 bis.
Según explican fuentes del grupo parlamentario del PP gallego, la posibilidad de sanciones solo está pensada para "situaciones excepcionales", por ejemplo empleados públicos con gran riesgo de transmitir la enfermedad por su condición que se nieguen a tomar precauciones.
Por ello, añaden, no puede decirse que recoger en la ley esa opción para "casos concretos y situaciones muy preocupantes" suponga una vacunación obligatoria en Galicia.
En España existen normas jurídicas para la obligatoriedad de la vacunación, como la ley de bases de sanidad nacional de 1944 y la ley orgánica 3/1986 de medidas especiales para la salud pública.
Sin más regulación que esa, hay algún precedente ya: En noviembre de 2010 un juez de Granada ordenó vacunar contra el sarampión a 35 menores por un brote epidémico.
No obstante, algunos juristas han hecho llamamientos a introducir nuevos instrumentos para hacer más efectivo el cumplimiento, lo que sería el caso de esta reforma legislativa en tramitación para el ámbito gallego.
Los mensajes contra la reforma de la Ley de Salud gallega incluyen otras falsedades o exageraciones, como considerar un "cierre arbitrario de empresas" las restricciones temporales a la apertura al público de los establecimientos comerciales u hosteleros para evitar la propagación de los contagios de una enfermedad.
De este modo, la ley que se aprobará en Galicia no pretende ni cierre de empresas ni incautación de bienes, así como tampoco es cierto que vayan a crearse campos de concentración ni tiene sentido tildar de ley Auschwitz a la norma por la falsedad que conlleva.
