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La Familia Franco pide imputar a Consuelo Castro, abogada general del estado

Pazo de Meirás. DP
Pazo de Meirás. DP
Una jueza está investigando en Madrid una querella por el inventario de bienes del Pazo de Meirás

La familia Franco ha solicitado la imputación de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, en la causa donde un juzgado de Madrid investiga una querella contra la responsable de Patrimonio Nacional por la elaboración de un informe sobre los bienes del Pazo de Meirás.

En un escrito, adelantado por Vozpopuli y al que ha tenido acceso Efe, los nietos del dictador reclaman una serie de diligencias a la titular del Juzgado de instrucción número 29 de Madrid, entre ellas la declaración como investigada de Castro.

La magistrada investiga una querella presentada por los Franco contra la jefa del Servicio de Conservación de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, por la elaboración de un informe en noviembre de 2020 sobre el inventario de los bienes del Pazo de Meirás, que ya es propiedad del Estado.

Los querellantes consideran que ese documento, que otorgó la titularidad de la mayoría de los bienes del Pazo al Estado, se hizo fuera del procedimiento judicial y para el perjuicio de la familia Franco, con "unas conclusiones ajenas a la imparcialidad, fuera de cualquier comprobación razonable".

Para pedir la imputación de Castro, se basan en la testifical prestada a finales de junio por la expresidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional Llanos Castellanos, recién nombrada directora adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, quien, según el escrito, hizo referencia a una llamada recibida por la abogada general.

En ella, prosigue el documento, Castro le solicitó "un técnico de Patrimonio Nacional que pueda acreditar la titularidad pública de bienes que están dentro del Pazo de Meirás", y afirmó que en el organismo no se recibió requerimiento del juzgado de A Coruña para realizar un inventario de bienes.

Consideran, por tanto, que la intervención de Pilar Benito en la elaboración del informe fue por "solicitud directa" de la abogada general del Estado y por ello piden su imputación.

También solicitan las declaraciones testificales de otros dos cargos de Patrimonio Nacional, a quien quiere que se libre oficio para solicitar una serie de documentos, como el acuerdo del Consejo de Administración que autorizó "el ejercicio de las acciones judiciales que pudieren corresponder para lograr la recuperación de los bienes muebles del Pazo de Meirás que podrían formar parte del Patrimonio Nacional".

Quieren conocer también si existe convenio de colaboración y de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y Patrimonio Nacional.

La querella pide investigar delitos de prevaricación, falsedad en documento público, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal en grado de tentativa.

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