El que fuera presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, afirma que la situación de tesorería por la que pasaba la empresa, era ''conocida por todos sus gestores''. Por ello, solicita diligencias de prueba contra la auditora que se hacía cargo de las cuentas, BDO.
Según recoge un escrito remitido al juez Ruz, Fernández de Sousa señala que en el contenido de las actas de los consejos de administración celebrados a partir del año 2011, se hace alusión a la necesidad de activo circulante, por lo que el expresidente considera imposible que los consejeros de la empresa no fueran conscientes de las ''tensiones'' en la tesorería.
En concreto, la necesidad de liquidez se hace factible a partir del consejo celebrado a finales del 2011, cuando se baraja una ampliación de capital, señalando que supondría el ''refuerzo del balance''. En el mes de diciembre de ese mismo año, prosigue el escrito, el consejo acordó por unanimidad la convocatoria de junta general extraordinaria para someter a los socios la autorización de emisión de obligaciones o bonos convertibles. En el siguiente consejo, a principios del 2012, los consejeros comentaron la colocación de la emisión y el destino del dinero obtenido, señalándose que "de los 160 millones de euros de la emisión, 60 millones se destinaron a recompra y el resto, 100 millones fueron caja para la empresa".
En el escrito presentado a Ruz, se resalta el ''profundo trabajo'' de los auditores, así como su ''conocimiento detallado'' de las cuentas de la empresa. Ahora, la defensa de Fernández de Sousa solicita a la auditora BDO que aporte la documentación precisa.
