Los Franco pierden el recurso de Meirás y aplazan el juicio de Casa Cornide

Pazo de Meirás. AEP
photo_camera Pazo de Meirás. AEP

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha desestimado el recurso de la familia Franco contra la personación del Ayuntamiento de Sada y la Xunta de Galicia en la demanda del pazo de Meirás por considerar que existe un interés legítimo en la intervención, ha informado el consistorio de este municipio coruñés.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la noticia este martes celebrando que el Gobierno gallego pueda defender los intereses del "patrimonio público de los gallegos" para la recuperación del Pazo de Meirás, propiedad de la familia Franco.

En declaraciones a los periodistas, Núñez Feijóo ha apuntado que la devolución de esta propiedad es un trabajo al que la Xunta se ha dedicado "desde hace años" con la constitución de "una comisión con expertos" y "una valoración unánime en el Parlamento" que posteriormente, ha añadido, remitieron al Gobierno central.

"Lo único que planteamos es que si ese pazo es de patrimonio público lo lógico es que no esté en el patrimonio de ninguna familia y que vuelva otra vez" a la titularidad pública, ha indicado, pues el Ejecutivo autonómico no tiene "nada contra nadie".

CASA CORNIDE. Por otra parte, la familia Franco ha logrado aplazar la vista por la ocupación simbólica de la Casa Cornide, en A Coruña, al solicitar que se eleven las penas que el juez pide para los nueve activistas del BNG que protagonizaron la protesta. 

En concreto, en septiembre de 2017, un total de nueve activistas vinculados al BNG accedieron al balcón de este inmueble propiedad de la familia del dictador y situado en el centro de la ciudad herculina para exigir su devolución al patrimonio público. 

En declaraciones a los medios, el 'número uno' del BNG al Congreso por A Coruña e integrante del colectivo 19 de Meirás que protagonizó otra ocupación simbólica en el Pazo de Meirás, Néstor Rego, ha explicado que el juicio fue "suspendido" porque los siete nietos de Franco consideran que la calificación como delito de faltas que tenía establecido el juez "no era suficiente". 

Según ha informado Néstor Rego, la familia del dictador solicita que se les imputen cuatro delitos, "entre ellos alguno que ya utilizó en el caso del Pazo de Meirás" como "violación de morada o delito de honor" que, conforme ha señalado, podrían suponer "penas de hasta 13 años de prisión". 

"Nos parece un despropósito desde el punto de vista político y jurídico", ha manifestado Rego, que ha subrayado que el BNG, formación a la que están vinculados los activistas que protagonizaron los actos simbólicos, "no se va a echar atrás".