Una semana después de que Alfonso Rueda y los líderes de la oposición consumiesen más de tres horas de reunión sin ningún acuerdo, PPdeG, BNG y PSdeG lograron pactar en el Parlamento un frente común de presión ante el Gobierno central con el objetivo de conseguir las transferencias de la gestión de la costa y la AP-9. En el caso de la autopista es el enésimo intento en el mismo sentido —sin que por ahora diese frutos—, pero en el del litoral esta unanimidad sí tiene cierta relevancia ahora que se considera una transferencia prioritaria para Galicia.
El origen del acuerdo fue una proposición no de ley del BNG centrada en la AP-9, a la que el PPdeG le añadió a través de una transacción un segundo párrafo para incluir también la reclamación de "outras competencias sobre as que xa houbo acordos parlamentarios" o bien "xa foron transferidas" o están en esa fase en otros lugares.
Además, el texto final de la iniciativa incluyó la exigencia de la convocatoria de la comisión mixta Xunta-Estado para impulsar todas estas transferencias que hay sobre la mesa y las que se añadan.
Eso sí, el acuerdo final no evitó las asperezas en el debate, donde el diputado nacionalista Luis Bará acusó a populares y socialistas de ser fuerzas políticas "centralistas" que vetaron el traspaso de la titularidad de la autopista en distintos momentos de sus gobiernos.
El PPdeG, por su parte, apoyó la iniciativa nacionalista, pero la parlamentaria Begoña Freire defendió añadir la reclamación mayor autonomía para Galicia con un "plan ordenado" y "establecendo prioridades", entre las que, precisamente, se incluyen tanto la AP-9 como el litoral. "O PP non renuncia a aspirar ao máximo teito competencial, como se marca para o resto das comunidades históricas" de España, si bien pidió priorizar las más "útiles". "Non queremos que desde Madrid se decida sobre o noso litoral", zanjó.
La sorpresa llegó en las filas socialistas, donde la mariñana Patricia Otero prometió el apoyo a esta propuesta y recordó que la postura del PSdeG siempre fue la misma: "A favor da transferencia da AP-9 a Galicia e tamén da ordenación do noso litoral". E incluso asumió que la Xunta pueda gestionar esa competencia sin necesidad de modificar el Estatuto de Autonomía, como pide el Gobierno central.
Aunque, pese a todo, la mariñana no cerró la puerta a una reforma estatutaria más global. "É preciso abordar unha modificación" de esta norma para facilitar próximas transferencias y conseguir "o mesmo nivel competencial que as outras autonomías". Y tampoco olvidó que, cuando Pérez Touriño reclamó la competencia del litoral a Madrid, los populares "puxeron paus nas rodas".
EÓLICOS. Otro de los frentes que tiene abierto la Xunta con el estado son los parques eólicos. El vicepresidente primero, Francisco Conde, dejó ayer claro que la Xunta no aplicará el "trámite exprés" aprobado por el Gobierno para "eliminar" la exigencia de la evaluación ambiental en los parques eólicos de hasta 75 megawatios. El PP logró el apoyo del BNG a su iniciativa, en la que pide al Gobierno de España que no elimine determinados trámites para la aprobación de parques eólicos de su competencia.
