Galicia incrementó un 42% las subastas judiciales el año pasado al calor de la crisis

Los juzgados gallegos celebraron el año pasado un total de 1.555 subastas judiciales de bienes, lo que representa un espectacular incremento del 42 por ciento en comparación con los 1.094 procedimientos registrados en 2008. Es una tendencia similar a la que se está produciendo en el conjunto de España y que viene motivada, fundamentalmente, por el incremento de los embargos y de las ejecuciones hipotecarias a causa de la crisis.

Los últimos datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan que el incremento de las pujas judiciales está siendo generalizado en el conjunto de España, donde sólo el año pasado se intentaron poner en el mercado 42.544 propiedades a través de este sistema, un 82% más que en el ejercicio anterior. Pero las cifras oficiales también confirman que la gallega es una de las comunidades en las que menos se utiliza la subasta judicial como fórmula para ofrecer al mejor postor bienes de todo tipo, ya sean viviendas, vehículos, plazas de garaje o fincas. Y es que autonomías como Castilla y León, Canarias o Castilla–La Mancha superan a Galicia en este apartado.

La principal razón que explica el aumento de los procesos de subasta en las sedes judiciales gallegas es la dificultad de muchos ciudadanos para afrontar el pago de las hipotecas. Los datos del CGPJ revelan que los juzgados de primera instancia tramitaron en 2009 un total de 2.053 ejecuciones hipotecarias, un 49,9% más que en el anterior periodo. Ante la imposibilidad de abonar las cuotas del crédito, las entidades financieras pueden efectuar un primer requerimiento de pago. Si en un mes no se hace frente a la cantidad pendiente, esa propiedad se puede sacar a subasta. Sólo en el caso de viviendas familiares se puede paralizar el proceso, siempre que el deudor consigne en el juzgado la cantidad debida, los intereses de demora y las costas.

Una de las formas de evitar que la subasta se lleve a cabo pasa por alcanzar un acuerdo extrajudicial con el banco o la caja. También existe la dación de pago, mediante la cual la entidad financiera se queda con la casa y al deudor se le 'perdona' la deuda contraída a través del crédito. Es una fórmula muy usual en el derecho anglosajón, pero poco empleada todavía en España.

Llega la subasta
Los plazos de tramitación del procedimiento de subasta varían en función de la carga de trabajo de cada juzgado. En Galicia se pueden solucionar todos los trámites en unos cuatro meses, aunque en los más saturados se pueden prolongar hasta ocho o diez meses.

Llegado el momento de la puja, el bien subastado va a parar a la persona que presente la mejor oferta siempre que supere el 50% de su valor fijado de antemano en la propia hipoteca. Si no rebasa esa cifra, el deudor puede presentar un pujante que mejore esa cantidad, lo que le permitiría recuperar el bien en cuestión.

Aunque también puede suceder que la subasta quede desierta, ante lo cual lo más frecuente es que la entidad financiera acabe quedándose con el bien. Pero el trámite no acaba ahí. Si el precio abonado por el pujante no cubre la cantidad pendiente, el banco puede embargar otras propiedades hasta satisfacer esa deuda.

La Administración las usa para armas o madera

La Administración también utiliza el sistema de subasta para deshacerse de bienes de todo tipo. Es el caso de la Agencia Tributaria, que periódicamente realiza pujas para poner en el mercado inmuebles o fincas, o de la Guardia Civil, cuyas comandancias provinciales emplean esta fórmula para vender los cientos de armas incautadas todos los años. En Galicia, la Consellería de Medio Rural ha ido subastando en los últimos años lotes de madera procedentes de montes públicos.

De las 42.544 pujas contabilizadas el año pasado en toda España, la mayoría se celebraron en Cataluña (7.723), Andalucía (6.838) y Valencia (6.821). La comunidad con menos actividad es Navarra, en la que sólo hubo 459 subastas.

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