La Xunta de Galicia solicitará al Estado la transferencia de la gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre lo que supone el traspaso de la gestión de las funciones y servicios en materia de ordenación del litoral aunque no la propiedad de los terrenos. El objetivo de esta petición es simplificar trámites y evitar la duplicidad que provoca la existencia de dos niveles administrativos en esta zona y tomar decisiones más idóneas.
Así lo han avanzado este sábado la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y la conselleira del Mar, Rosa Quintana, que consideran que con este paso concluirá el traspaso de competencias a Galicia en materia de ordenación del litoral que se inició en 1985. Ambas mandatarias entienden que una gestión de cercanías del territorio costero será beneficiosa ya que la Xunta tiene un conocimiento más detallado de la situación en Galicia que la administración estatal.
La responsable de Mar de la Xunta, ha considerado que, de conseguirse este traspaso, el conjunto de las empresas del complejo mar-industria se verían beneficiadas en lo que tiene que ver con la tramitación de sus concesiones dotándolas de una mayor seguridad jurídica.
Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente ha sostenido que la Xunta quiere dar un paso más para que Galicia pueda realizar una mejor prestación del servicio público de los más de 2.000 kilómetros de perímetro costero insular y peninsular, en el que se sitúan 5.000 edificaciones, entre las que existen colegios, estaciones depuradoras de aguas residuales o centros de salud.
Además, la Xunta entiende que de este modo, Galicia podría, al igual que ya sucede en Andalucía y Cataluña, "ejercer de una manera autónoma una política integral" del territorio gallego. En ese sentido, Ángeles Vázquez ha aclarado que es necesario modificar las normativas estatales para facilitar la emisión de informes sectoriales, especialmente en materia de costas.
Así, también se solicitará una simplificación administrativa, en la línea de la ya realizada por la Xunta en su Ley del suelo, que permita que los informes sectoriales estatales se emitan en un plazo máximo de tres meses, que el sentido del silencio administrativo sea positivo -no negativo, como sucede actualmente-, que sean recopilados por un único órgano y que se soliciten en un único momento, ya que en la actualidad deben emitirse antes de la aprobación inicial y de la definitiva.
Así lo han avanzado este sábado la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y la conselleira del Mar, Rosa Quintana, que consideran que con este paso concluirá el traspaso de competencias a Galicia en materia de ordenación del litoral que se inició en 1985. Ambas mandatarias entienden que una gestión de cercanías del territorio costero será beneficiosa ya que la Xunta tiene un conocimiento más detallado de la situación en Galicia que la administración estatal.
La responsable de Mar de la Xunta, ha considerado que, de conseguirse este traspaso, el conjunto de las empresas del complejo mar-industria se verían beneficiadas en lo que tiene que ver con la tramitación de sus concesiones dotándolas de una mayor seguridad jurídica.
Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente ha sostenido que la Xunta quiere dar un paso más para que Galicia pueda realizar una mejor prestación del servicio público de los más de 2.000 kilómetros de perímetro costero insular y peninsular, en el que se sitúan 5.000 edificaciones, entre las que existen colegios, estaciones depuradoras de aguas residuales o centros de salud.
Además, la Xunta entiende que de este modo, Galicia podría, al igual que ya sucede en Andalucía y Cataluña, "ejercer de una manera autónoma una política integral" del territorio gallego. En ese sentido, Ángeles Vázquez ha aclarado que es necesario modificar las normativas estatales para facilitar la emisión de informes sectoriales, especialmente en materia de costas.
Así, también se solicitará una simplificación administrativa, en la línea de la ya realizada por la Xunta en su Ley del suelo, que permita que los informes sectoriales estatales se emitan en un plazo máximo de tres meses, que el sentido del silencio administrativo sea positivo -no negativo, como sucede actualmente-, que sean recopilados por un único órgano y que se soliciten en un único momento, ya que en la actualidad deben emitirse antes de la aprobación inicial y de la definitiva.
