El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado constancia este miércoles de que su gobierno pedirá, como ya ha hecho la Junta de Andalucía, la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar los impagos a las comunidades autónomas.
El máximo mandatario autonómico, en su cuenta oficial de Twitter, ha indicado que "un gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones. Y la más importante es que los servicios públicos se presten con normalidad. Pedimos un Consejo de Política Fiscal y Financiera inmediato. Los ciudadanos necesitan explicaciones y soluciones sobre financiación autonómica".
En el caso de su conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ha anunciado en su caso en rueda de prensa que se hará tal petición para que se materialice de forma "urgente e inmediata".
"Solicitamos esta convocatoria al Ministerio de Hacienda después de dirigirme a la ministra en julio y de no obtener respuesta, después de que en el Senado no fuese posible pedir que la ministra explicase la situación y habiendo un informe jurídico del que no tenemos conocimiento alguno", ha asegurado Martínez en declaraciones a la prensa.
El conselleiro ha recordado que el Gobierno central adeuda a Galicia un total de 700 millones de euros entre entregas a cuenta y la liquidación del IVA, 530 de los cuales aparecen recogidos en el capítulo de ingresos previstos de los presupuestos autonómicos para este año.
"Nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestros centros educativos o nuestros quirófanos, no están en funciones", ha sentenciado Martínez, quien entiende que "existen soluciones" para que las comunidades autónomas reciban las cantidades adeudadas, pero "han de ser puestas en común en el CPFF a iniciativa del Ministerio de Hacienda".
La Consellería de Facenda se encuentra en estos momentos redactando el escrito que remitirá al Gobierno central para que convoque el CPFF, una petición "en línea con la posición que manifestó de forma casi unánime -con la abstención del PSdeG- el Parlamento de Galicia, que pidió el ingreso de esos 700 millones en las cuentas de Galicia".
Martínez ha rechazado valorar el informe por escrito solicitado por parte del Ministerio de Hacienda a la Abogacía del Estado y que rechaza que el Gobierno en funciones pueda actualizar las entregas a cuenta y devolver la liquidación del IVA a las comunidades autónomas.
"Conocemos que parece ser que existe desde este martes por la tarde un informe jurídico del que nosotros, las comunidades autónomas, no tenemos conocimiento alguno", ha apuntado el conselleiro, quien entiende que el Ministerio debe presentar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "toda la documentación que obra".
En este sentido, el titular de Facenda ha asegurado que el informe de la Abogacía del Estado "será analizado en su momento por la asesoría jurídica de la Xunta", pero lo fundamental ahora "es salir de la situación de bloqueo en la que nos encontramos".
"El Ministerio, además de presentar la documentación, debe ir un paso más allá e iniciar una solución a esta situación de impago que se está produciendo y que nos está afectando mucho", ha insistido.
Por otra parte, el conselleiro ha recordado que Galicia "fue la primera comunidad autónoma en pedir, hace más de un año, que se abordase este problema, una petición a la que se han ido sumando otras autonomías de todos los colores políticos".
Al ser preguntado por la posibilidad de presentar un recurso para reclamar la cantidad adeudada al Gobierno central, Martínez ha señalado que "entre las facultades del Gobierno gallego está la de estudiar y abordar todas las vías en su mano para defender los intereses de la ciudadanía, entre las que se encuentra la vía judicial", aunque "no es la más importante ahora".
"En determinado momento podemos hacerlo, se estudiará y, en caso de llegar a ese escenario, se anunciará, pero lo más importante no es tanto la cuestión judicial como que puede haber soluciones que puede pilotar el Ministerio de Hacienda", ha precisado.
El conselleiro ha denunciado que las comunidades autónomas se encuentran en una situación "muy grave y sin precedentes", ya que, a las puertas del mes de septiembre, "hay impagos que pueden tener una afectación muy importante de cara a la prestación de servicios públicos".
En paralelo, Martínez ha querido "contextualizar" la importancia para las cuentas autonómicas de la cantidad adeudada por el Gobierno central señalando que ésta "se aproxima mucho a lo que pueden ser dos nóminas de nuestro personal, 90.000 empleados públicos".
En todo caso, el conselleiro ha recordado que esta cantidad que figura en el capítulo de ingresos de los presupuestos no está consignada a ninguna área y, al ser preguntado por la posibilidad de tener que recortar en un área determinada en caso de no recibir el dinero, ha contestado que "no está en ese escenario", sino que espera "que se arreglen esos impagos".
Con respecto a la influencia que pueda tener esta circunstancia de cara a la elaboración de los próximos presupuestos, Martínez ha apuntado que "la situación actual es extrema y complicada", pero el Gobierno gallego "ejercerá sus competencias como ha hecho siempre, ya que no está en funciones etéreas, sino funcionando".
El departamento que encabeza María Jesús Montero asegura haber realizado múltiples consultas verbales a la Abogacía del Estado para saber si un Gobierno en funciones puede o no actualizar las entregas a cuenta y la respuesta ha sido siempre negativa, ya que al estar en funciones tiene muy limitada su capacidad de actuación y no puede actualizar dichas entregas.
Y así lo ha trasladado en diversas ocasiones la ministra de Hacienda en funciones. El ministerio ha aclarado que pidió el pasado jueves 22 de agosto a la Abogacía del Estado disponer de este informe verbal por escrito, un trámite que ya se ha formalizado.
En las conclusiones del informe, el abogado del Estado ha apuntado que "por exceder del despacho ordinario de asuntos públicos, un Gobierno en funciones no podría actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar" a las comunidades autónomas.
