Los promotores de la demanda presentada, la asociación viguesa En Colectivo, señalaron que el final de los peajes en la AP-9 sería "cuestión de muy pocos meses" si el Ejecutivo central finaliza el plazo de alegaciones, que es de dos meses y que concluye en la última semana de noviembre,sin presentar ninguna defensa formal en este asunto.
Bruselas, en ese caso, estaría obligada a formalizar una denuncia contra el Gobierno español, un litigio que podría resolverse en un plazo muy corto si España opta por asumir esa ilegalidad en las prórrogas y abolir de esta forma la concesión actual de Audasa.
En ese caso, sería la propia Audasa quien estaría abocada a emprender acciones legales para reclamar indemnizaciones por el lucro cesante en todos los años que le restan de concesión, al menos hasta 2048.
En su comunicación, la Comisión Europea advirtió al Gobierno que emprendería acciones jurídicas contra la forma en la que los gobiernos de UCD, PSOE y PP prolongaron sistemáticamente la concesión de la autopista Ferrol-Tui desde el año 2012, inicialmente previsto para la conclusión del contrato, hasta el 2048, que es la vigencia actual de la concesión. Este plazo elevaría hasta los 75 años la permanencia de los peajes en la principal vía de tráfico gallega.
Por otro lado, si el tribunal europeo opta por anular finalmente las últimas dos prórrogas de la autopista, los integrantes de En Colectivo señalan que se abriría una ventana legal para que los usuarios de esta carretera reclamen con carácter retroactivo los importes abonados por el uso de la misma.
Con esta complejidad jurídica sobre la mesa, al menos de momento el Ejecutivo español ha optado por no revelar si presentará alegaciones y defenderá la continuidad de la concesión de Audasa. Transcurrida la mitad del plazo establecido para ello por Bruselas, el Ministerio sigue sin aportar ninguna documentación.