La Justicia toma medidas cautelares para impedir la venta del Pazo de Meirás

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha ordenado como medida cautelar que conste en el registro de la propiedad que el Pazo de Meirás está inmerso en una causa judicial

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photo_camera Pazo de Meirás. CABALAR (EFE)

El pasado 12 de julio, la Abogacía del Estado formalizó una demanda para reclamar a la familia Franco la devolución del Pazo de Meirás. Ese mismo día, el juzgado instructor acordó la adopción de las medidas cautelares solicitadas que se refieren, en concreto, a la "anotación preventiva de la demanda en el registro de la propiedad", según indican fuentes judiciales.

Esa medida se produce a raíz de que el Gobierno central ha presentado una demanda judicial contra la familia Franco para reclamar la devolución del Pazo de Meirás. El escrito reclama la propiedad del inmueble para el Estado por su forma de adquisición, su administración mediante fondos y personal públicos, y el uso que se le dio durante la dictadura franquista.

La familia Franco había puesto a la venta el Pazo de Meirás a través de una inmobiliaria cántabra, en la que se ofertaba el histórico inmueble localizado en el municipio de Sada, que fue utilizado como residencia de verano por Francisco Franco, por una cantidad de ocho millones de euros, la misma cifra que se pedía en el primer anuncio que se había publicado unos meses antes.

DENUNCIA. La denuncia contra los herederos del dictador basa su argumentación en e hecho de que la compra del inmueble por parte del dictador en 1941 fue "simulada y fraudulenta", ha explicado el Ministerio de Justicia. El estudio jurídico realizado la Abogacía del Estado ha sacado a la luz un documento que demuestra que Francisco Franco "falseó el título con el que inscribió el Pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad", tal y como informó el Ministerio de Justicia.

El 3 de agosto de 1938 se otorgó la escritura de compraventa entre la entonces propietaria del Pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes (viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán), y la 'Junta pro Pazo del Caudillo', por un precio de 406.346 pesetas. Esta escritura, desconocida hasta el momento, fue localizada por la Abogacía del Estado en el curso sus trabajos. "La financiación de la compra se planteó inicialmente a través de una suscripción popular, pero, al no dar esta el resultado esperado, se inició un proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales", han defendido. 

SIMULACIÓN DE COMPRA. Aunque desde la venta a la 'Junta pro Pazo del Caudillo' el inmueble ya se usaba como residencia veraniega oficial de Franco, el 24 de mayo de 1941 se otorga una segunda escritura pública "en la que se presuntamente se simula la venta del Pazo" por parte de Manuela Esteban Collantes -que tres años atrás se lo había vendido a la Junta- a favor de Francisco Franco, por un supuesto precio de 85.000 pesetas. 

"Con esta escritura como título, Franco inscribió a su nombre el Pazo de Meirás en el Registro de la Propiedad. Esta inscripción, derivada de una compraventa ficticia, es la que permitió que, al fallecimiento de Franco, su viuda hiciese una donación del Pazo de Meirás a su hija, Carmen Franco, de quien pasó a su vez, a sus hijos y herederos", defiende el Gobierno. 

El PPdeG, "satisfecho" con la medida
El portavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, se ha mostrado este lunes "satisfecho" por la presentación de la demanda. "Nos parece muy relevante que la demanda se ajuste a criterios jurídicos, según la argumentación que conocemos por los medios, y que se defienda el patrimonio público con los instrumentos del Estado de Derecho", ha afirmado Puy, en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia.

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