La Audiencia otorga un mes de plazo para reclamar los 4.328 millones de la factura del Prestige

La sección primera de la Audiencia de A Coruña ha dado un mes de plazo a las partes para que concreten las reclamaciones económicas que se harán por la vía civil por las consecuencias del hundimiento del Prestige, que la Fiscalía cifró en 4.328 millones de euros. El tribunal provincial toma esta medida después de que el Supremo diese una vuelta de tuerca al caso al revocar la sentencia que había dejado sin culpables la tragedia ecológica. Al condenar al capitán del barco, Apostolos Mangouras, por un delito contra el medio ambiente, el alto tribunal abrió la puerta a solicitar compensaciones por los daños que la marea negra produjo en las costas y ahora la Audiencia da "un mes a las partes" para concretar sus peticiones en la vía civil.

La Fiscalía reclamó en concepto de responsabilidad civil 4.328 millones de euros de indemnizaciones por los daños provocados por el chapapote que en noviembre de 2002 afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia. Entre las partes que ahora deben especificar sus solicitudes económicas se encuentran las asociaciones Arco Iris y Nunca Máis, representantes de trabajadores del mar y empresas como Frigoríficos Ribadeo, Isidro de la Cal, Amegrove y Proinsa.

El Estado español también estaba personado, con recursos en nombre de la Administración General del Estado, el Ministerio Fiscal y la Xunta de Galicia. En el país vecino, el Estado francés envió un escrito, y también lo hizo el Consejo General de Bretaña, la comuna francesa de Capbreton y el Consejo General de la Vendée. Todos deberán aclarar ahora sus demandas.

La sala tiene además la intención de suspender por tres años el cumplimiento de la pena de Mangouras, condenado a dos años de prisión, lo que notificará en breve a las partes a través de un auto firmado, pues ya se conoce de manera extraoficial.