La Audiencia ratifica que el alcalde de Caldas no malversó fondos públicos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó el recurso interpuesto por el fiscal contra el auto dictado por el Xulgado de Primera Instancia número 1 de Caldas de Reis en el que acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el alcalde del concello, Juan Manuel Rey, que había sido acusado de un presunto delito de malversación de caudales públicos.

El auto señala que el día 11 de mayo del año 2015 el Xulgado de la villa caldense acordó la apertura de juicio oral contra el regidor. Sin embargo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial decretó su nulidad, al estimar que incurría en "incoherencia interna".

Esta decisión fue el paso previo a que el Xulgado de la localidad termal acordase el archivo de la causa y, ante el nuevo recurso, la Audiencia expone que se ciñe a los hechos, que son el pago de una multa coercitiva impuesta a Juan Manuel Rey, que asciende a 600 euros, y concluye que "no cabe considerar conductas anteriores ya prescritas, y coincidimos con la defensa del investigado en que nada indica que éste hubiera dado al alcalde accidental o sustituto, Sr. Blanco Magariños, la orden de pago de dicha multa con cargo a las arcas municipales".

"Por tanto, no solo respecto al elemento subjetivo no se aprecian indicios de criminalidad suficientes para la apertura de juicio oral, por lo que en el auto apelado se argumenta y por el resultado de las declaraciones de tesorero e interventor del Concello, sino que tampoco existen indicios suficientes del elemento objetivo, que sería la participación del investigado en esa concreta orden de pago", figura en el auto judicial.

Este asunto, que permaneció durante varios años aparcado en los atestados archivos de la sede judicial de Caldas de Reis, fue reactivado en el año 2015, cuando el alcalde fue citado a declarar bajo la acusación de haber pagado una multa coercitiva, que le había sido impuesta por dilatar la ejecución de una orden de derribo en un edificio, con dinero de los contribuyentes.

Rey, que declaró el día 17 de marzo, salió de los Xulgados absolutamente convencido de que este asunto no tendría más recorrido porque tanto el interventor como el secretario y el alcalde accidental expusieron que el regidor no había tenido responsabilidad alguna en la orden por la que el Concello se hizo cargo del pago de la sanción.

"Todas las personas que declararon incidieron en este punto, y espero que sea suficiente para acabar con esta pesadilla de una vez", afirmó entonces el alcalde. Pero se equivocaba. La jueza, Encarnación Dasi, ordenó seguir adelante y el fiscal solicitó que le fuesen impuestos 20 meses de inhabilitación para ocupar un cargo público.

Con las elecciones municipales del mes de mayo comenzó una carrera contrarreloj del alcalde para evitar la apertura del juicio oral y demostrar su inocencia. Y logró ambos objetivos.