La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, negó en respuesta a un oficio del juzgado que instruye el caso Pokemon la existencia de algún "contrato o convenio" con la empresa consultora de ingeniería Proyfe para poner un vehículo a disposición del exconcejal lucense y expresidente del organismo, Francisco Fernández Liñares.
Proyfe tiene su domicilio social en la localidad coruñesa de Narón y, según la declaración de un testigo ante la jueza Pilar de Lara realizada el 13 de mayo de 2013, esta empresa pagó un coche con chófer a Liñares, uno de los principales imputados en la supuesta trama de pago de sobornos a políticos a cambio de concesiones públicas.
Según dicha testifical, este hombre explicó que le fue ofrecido el puesto de conductor sobre diciembre del año 2010, a través de una llamada de teléfono realizada desde la empresa Proyfe, en la que no conocía a nadie. Atribuyó la oferta de trabajo, por el que le pagaban 1.200 euros y dietas aparte, a que el propio Liñares pidió que fuese él su conductor y, de hecho, según relató ante la jueza, legó a agradecerle en su primer traslado que le hubiese "buscado el trabajo en cuestión".
En su momento, según publicaron varios medios, la empresa explicó que la puesta a disposición de este vehículo con chófer no era algo encubierto, sino oficial y que derivaba de un contrato que había ganado en 2010 relativo a la prestación de "servicios para la dirección de las obras de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en su ámbito territorial".
En los nuevos folios del sumario trasladados este viernes a las partes, una vez digitalizados, figura un escrito de marzo de este año, en el que la Confederación responde a la jueza que durante los años en los que Liñares presidió el organismo "ningún contrato (ni convenio) con la empresa Proyfe tuvo por objeto la puesta a disposición de vehículos para el presidente de la misma, con o sin conductor".
En el mismo escrito, la CHMS sí constata el contrato de 2010 con Proyfe para la prestación de servicios para la dirección de las obras de la dirección técnica de la Confederación, a los que se suman otros tres suscritos hasta el momento en que LIñares cesó como presidente del organismo, en febrero de 2012.
PISCINA DE ARZÚA
En otra parte de la documentación conocida este viernes, se da cuenta de que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) investigó el informe del secretario del ayuntamiento de Arzúa (A Coruña) que avalaba la concesión a Aquagest del servicio de la piscina municipal sin un nuevo concurso público y después de que el Ayuntamiento, que entonces dirigía el nacionalista Xaquín García Couso, asumiese unos siete meses atrás (desde septiembre de 2008) la gestión directa del servicio.
Según figura en los nuevos folios del sumario del caso Pokemon, al menos hay dos escritos en los que se denuncia que el expediente de la piscina municipal podría haber sido modificado añadiendo el informe del secretario tras conocer que la instructora del caso, Pilar de Lara, titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo, iba a solicitar dicha documentación.
En el informe investigado, el secretario, J.C.L.S., según uno de los escritos anónimos, ratifica que "no habría impedimento legal para adjudicar el contrato de la piscina climatizada a favor de la sociedad que presentó su mejor oferta" y recomienda "que se aporte la documentación de otro servicio, poniendo como ejemplo el servicio de abogados que tiene contratado el ayuntamiento".
Según el mismo anónimo, ese informe "está sin registrar, sin diligenciar y sin sellar". Añade, además que entre el periodo de tiempo que transcurrió entre la solicitud del expediente por parte de De Lara y la entrega del mismo "esta documentación anduvo de mano en mano, incluso entre alguna de las personas implicadas".
La denuncia remitida al juzgado de Lugo añade que "hay muchos motivos" para pensar que ese documento "pudo haberse incluido" en el expediente en el momento que la jueza "solicitó la documentación" para "salvar la situación del exalcalde".
