La CIG Ensino ha registrado un escrito dirigido a la Consellería de Facenda para que proceda al reintegro a las arcas públicas de los 12 millones de euros que el departamento de Educación destinó a los conciertos con centros que segregan a los alumnos por género, tras la sentencia del Supremo que los consideró ilegales.
El secretario nacional del sindicato, Anxo Louzao, explicó en conferencia de prensa esta iniciativa y recordó que la administración es muy diligente para recuperar fondos por pagos indebidos derivados de la Risga o el desempleo y pide que ahora se actúe de la misma manera, ante la posibilidad de que, en caso contrario, se deriven responsabilidades contables, de acuerdo con la ley general presupuestaria, o por malversación, según el Código Penal.
Louzao recordó la reciente sentencia del alto tribunal, que estableció la ilegalidad de los conciertos firmados entre 2009 y 2013 con los centros Peñarronda, Montespiño, Acacias y Montecastelo, de la empresa Fomento de Centros de Enseñanza S.A., y el Aloya, de la Asociación Fontenova, que consideró "ligados al Opus Dei".
Para el sindicalista, la actuación del conselleiro de Educación, Xesús Vázquez Abad, "roza la malversación" porque sabía de la "ilegalidad" de su decisión, ante lo cual, además, exige su dimisión, ya que es reiterada su actitud "malversadora y despilfarradora" de dinero de todos los gallegos mientras "desmantela" la enseñanza pública.
Señaló, además, que se demuestra que el objetivo de la LOMCE era dar rango de ley orgánica a medidas como esta de "enseñanza discriminatoria", por lo que insistió en pedir su derogación.
Sobre la "actitud desafiante y prepotente" del conselleiro cuando afirma que la sentencia no va a tener consecuencia, porque estos conciertos se recogen en la nueva ley, recordó que incluso los de 2013 son anteriores a esta norma, ya que fueron aprobados en agosto y la ley entró en vigor en diciembre.
En cuanto a la recuperación de los 12 millones que costaron los conciertos con centros que segregan por género, consideró que deben invertirse en la enseñanza pública y explicó que superan en 5 millones lo destinado a normalización lingüística, representarían el 50 por ciento de la partida para comedores escolares o supondrían 200 docentes más.
En opinión de Louzao, esta actuación "tiene que tener consecuencias y responsabilidades políticas", de manera que si el conselleiro no dimite, debe cesarlo el presidente de la Xunta, a quien acusó de ser "cómplice" de Vázquez.
El secretario nacional de la CIG-Ensino insistió en que se trata de una actitud "reiterada" del responsable educativo, y citó como ejemplos los casos del decreto de plurilingüismo, o el reconocimiento médico de los docentes, que -denunció- finalmente se tendrá que prestar y con un sobrecoste de 800.000 euros porque lo hará una entidad privada, por desacuerdo entre las Consellerías de Educación y Sanidad.
Anxo Louzao reiteró que el conselleiro está "al servicio de la patronal más reaccionaria" y apuesta por un modelo educativo "contrario a la igualdad, obsoleto y que no asume los mínimos de cualquier enseñanza democrática".
En este sentido, puso también el ejemplo de la concesión al centro Aloia, de Vigo, de un ciclo de FP Superior, nivel post-obligatorio, que habían solicitado y les fue denegado a los centros públicos de Chapela (Redondela) y Xunqueira 1, Pontevedra, lo que es una "evidencia clara y palpable" de la "cara dura y atrevimiento", "el rostro, prepotencia y chulería" de Xesús Vázquez.
