La concejala de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Generales, Áurea Soto, dejará todos sus cargos políticos tras conocerse el auto del titular del Juzgado de Instrucción Número 1 decretando la apertura de juicio oral por presunta prevaricación urbanística continuada en el caso de la plaza de San Antonio.
Respaldada por el regidor orensano, la edil socialista ha leído un escrito en el que se hace constar que el alcalde firmará hoy el decreto "en el que se me retira la delegación de competencias", que será ratificado el jueves en junta de Gobierno Local.
En una comparecencia a la que asistió toda la ejecutiva local y el grupo de gobierno, Soto -visiblemente emocionada- ha cuestionado la labor de aquellos que "ni se inmutaron" durante los 12 años en los que los promotores "se llevaban el 10% municipal" ni "cuando una sentencia anuló el plan general".
La concejala socialista ha atribuido, por tanto, "esta hiperactividad" de ahora al posicionamiento de esta concejala de "impedir a un promotor llevarse otra vez el 10% municipal". Asimismo, ha pedido que se fije cuanto antes la fecha de juicio oral.
Ella misma, en una rueda de prensa el pasado día 6 de octubre de 2014, apuntó que dimitiría antes de la celebración del juicio y en aquel momento pidió que fuese cuanto antes "por respeto". Entonces, Soto defendió la gestión "modélica" en este asunto a fin de "arreglar herencias del Partido Popular".
En concreto, licencias otorgadas por el PP anuladas en 1999 a 2002, y cuyas responsabilidades patrimoniales ascendían a unos "40 millones de euros y daños a más de doscientos vecinos", ha detallado.
La investigación surgió a raíz de una denuncia de Democracia Ourensana, que tiene dos concejales en este ayuntamiento. El Ejecutivo local, encabezado por Agustín Fernández, y que gobierna en minoría, con 11 de los 27 concejales, alegó que cuando se dio la licencia investigada estaba vigente el Plan de Urbanismo de 2003 que estipulaba la titularidad privada de estos subsuelos.
El Ministerio Fiscal solicita para ella 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, una petición que la acusación particular, de una vecina afectada, eleva a 21, por entender que la concejala Áurea Soto sometió a la junta de gobierno esta propuesta, a sabiendas de su ilegalidad.
