LLANAR DE carburante el tanque del coche resulta cada vez más doloroso para los consumidores, que con el inicio de 2017 han visto esfumarse el diésel a menos de un euro del mapa de estaciones de servicio de Galicia. El progresivo fortalecimiento del dólar y la decisión del cártel de la Opep de reducir la producción para apuntalar los precios del crudo, después de que Arabia Saudí claudicase en su estrategia de hundir las cotizaciones para sacar el fracking de Estados Unidos del mercado, han vuelto a calentar los surtidores. Y el efecto ha sido tal que el litro de gasoil cerró el pasado diciembre en unos 1,147 euros en Galicia, un dato que refleja un alza interanual del 11,5% y sitúa la comunidad como el mercado con los combustibles más caros de toda la Península.
Salvando estos condicionantes externos, lo cierto es que incluso estando en enero de 2016 los precios en niveles mínimos sin parangón desde finales de 2009, los carburantes más costosos de España seguían dispensándose en Galicia. Las causas hay que buscarlas en la escasa competencia en un mercado en el que Repsol (que tiene a Petronor y Campsa entre sus marcas), Cepsa y Galp tienen una cuota de alrededor del 67%.
Las estaciones de servicio independientes son escasas
La presencia de operadores independientes y de surtidores en hipermercados todavía es reducida en Galicia. Prueba de ello es que, por ejemplo, entre Alcampo, Eroski y Carrefour, suman 12 estaciones. Según el censo del Ministerio de Energía, en Galicia hay 659 puntos de venta, de los cuales 181 se declaran independientes de los grandes operadores. Son el 27% del total, cuando en el conjunto del Estado alcanzan una media del 42%, según los datos de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).
En marzo de 2015, la Xunta aprobó un decreto de hidrocarburos que simplificó los trámites administrativos y sustituyó las cuatro autorizaciones que se requerían para instalar un área de servicio por un único procedimiento a resolver en un máximo de seis meses. Con este paso, el Ejecutivo de Feijóo buscó aumentar la competencia frente al monopolio de las grandes compañías y así forzar un abaratamiento de los combustibles. Según los datos de la Consellería de Economía, desde entonces se abrieron un total de nueve instalaciones, «todas independentes».
A la reducción de la burocracia se sumaron rebajas en el precio del suelo en parques empresariales. Además, el Ejecutivo autonómico impuso a los empresarios del sector de la obligación de comunicar a la Dirección Xeral de Enerxía los contratos con los mayoristas. ¿El objetivo? Velar por que ninguna de las grandes petroleras supere una cuota del 30% en volumen de ventas por provincia.
El Ministerio de Fomento también intentó poner de su parte, prohibiendo a una petrolera disponer de tres o más estaciones seguidas en el mismo sentido de circulación de un vial de la red del Estado.
Un sector muy supervisado para detectar pactos de precios
Por su impacto en los consumidores, el mercado de los carburantes es objeto de un especial seguimiento. Además de las sanciones millonarias derivadas del control ejercido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Audiencia Nacional admitió a trámite en septiembre de 2015 dos querellas contra Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp y sus directivos por la supuesta comisión de un delito de colusión, esto es, un acuerdo ilícito de precios en perjuicio de los consumidores. El juez defendió la intervención de la Audiencia Nacional por la «grave repercusión en la economía».
Los impuestos determinan el 50% del precio de venta
En lo que se paga por cada litro de diésel o gasolina se incluyen varios parámetros. Así, por ejemplo, un 31% del precio del diésel corresponde al coste de este carburante en el mercado mayorista; otro 14% se lo llevan los gastos de distribución, mientras que el margen bruto del mayorista es del 2% y el 54% son impuestos, indica la AOP.
En Galicia, la carga fiscal determina algo más del 50% del precio. Y es que, al Iva del 21% se suma el impuesto especial de hidrocarburos, esto es, el otrora conocido como céntimo sanitario que la Justicia europea anuló al comprobar que la recaudación no se destinaba a financiar la sanidad, como predicaba su nombre. El tributo consta de tres partes: el tramo general estatal suma 40 céntimos por litro de gasolina y 30 en el caso del diésel, mientras que el estatal ‘especial’ añade otros 2,4 céntimos en ambos casos, y la parte autonómica supone inflar el precio en con entre 1,7 y 4,8 céntimos más, dependiendo de la autonomía en la que se reposte.
Este año, Castilla y León, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra no aplican el céntimo sanitario. Frente a esta postura, la Xunta sigue gravando cada litro de gasoil y gasolina con 4,8 céntimos, el máximo permitido. Con todo, contempla la devolución a los transportistas titulares de vehículos con un peso máximo autorizado igual o superior a las 7,5 toneladas, a los taxistas y a los automóviles que trasladan viajeros. Sobre la mesa está ampliar la exención al transporte ligero, aunque no se ha materializado. Este año, los presupuestos autonómicos prevén una recaudación por este concepto de 89,3 millones, un 3% más que en 2016.
La Confederación Española de Estaciones de Servicio ha reclamado en reiteradas ocasiones que se homogeneice el mapa fiscal, una petición que también defiende Benigno Redondo, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Pontevedra y uno de los cuatro portavoces de la federación gallega, quien recalca que se trata de «unha pelexa histórica».
Benigno Redondo Federación Gallega de Estaciones de Servicio
"Hai que regular as estacións autonómicas para que teñan polo menos un traballador por turno"
Una jungla de tributos que provoca competencia entre autonomías y alienta el fraude
La dispar aplicación del céntimo sanitario provoca que conductores de zonas limítrofes se vean tentados a cambiar de comunidad autónoma para repostar, como constata Benigno Redondo. Así, por ejemplo, llenar un depósito de 55 litros con gasoil en las provincias de Lugo y Ourense salía el pasado diciembre por unos 63 euros. La misma operación en una estación de León o Zamora costaba unos 57. Sin los alrededor de cinco céntimos adicionales que se pagan por litro en Galicia para satisfacer el ‘céntimo sanitario’, en las dos provincias gallegas del interior un automovilista habría abonado 60 euros, lo que evidencia que, fiscalidad aparte, los precios antes de impuestos siguen siendo elevados en la comunidad.
La AOP incide en que la implantación de diferentes tipos de imposición provoca «desvíos artificiales de consumo que causan pérdidas de eficiencia en la distribución de productos petrolíferos, dificultades comerciales a los operadores y un aumento del fraude fiscal». En declaraciones a AGN, la patronal de las petroleras explicó que «es bastante común entre ciertos operadores y distribuidores cometer fraude con el tipo autonómico del impuesto de hidrocarburos, ya que al no existir un tipo único, el atractivo para desviar cisternas que salen de un depósito fiscal a un destino teórico con un tipo inferior y descargarlas en otra comunidad con un tipo superior es muy grande». Ante esta situación, la AOP llama a acabar con las diferencias.
El sector, en guerra contra las gasolineras automatizadas
El pasado verano, la CNMC rompió una lanza en favor de las estaciones sin personal ante la proliferación de normativas en varias comunidades restringiendo o prohibiendo esta fórmula. En Galicia, la patronal del sector reclama a la Xunta que regule su instalación de tal manera que «teñan que contar, como mínimo, cunha persoa por turno». Así lo refiere Benigno Redondo, quien defiende que este tipo de negocio pone «en risco» los alrededor de 3.000 empleos que la actividad sostiene en Galicia, donde las también conocidas como estaciones ‘fantasma’ tienen escasa implantación. La federación pide que «se esixan as mesmas condicións de seguridade», garantizando el acceso a las personas con discapacidad o que el usuario que lo desee disponga de una probeta para verificar que el surtidor dispensa realmente los litros por los que paga.
Frente a esta argumentación, la CNMC defiende la expansión de un modelo de negocio que en Dinamarca o Suecia copa ya más del 60% del mercado, mientras en España solo representa el 5%, con unas 300 instalaciones en todo el país.
Una infraestructura que debería tirar a la baja de los precios
Entre las pruebas palmarias del impacto en Galicia de la falta de competencia está el hecho de que los precios no reflejan la presencia en A Coruña de una de las ocho refinerías españolas. A esto hay que sumar que la comunidad cuenta con tres instalaciones de almacenamiento de las 40 de que dispone la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) —que copa el transporte, almacenamiento y la distribución de carburantes en España— y de un oleoducto que conecta la refinería con el tanque de CLH en Vigo, una infraestructura que debería tirar a la baja de los precios.
