La Fiscalía acusa a los responsables de Cinco Jotas de ''cooperación necesaria de delito fiscal''

La Fiscalía ha acusado hoy a los cuatro hermanos Costas Estévez, administradores de la empresa Cinco Jotas, de "cooperación necesaria de delito fiscal", en el segundo juicio contra el que está considerado como mayor fraude fiscal detectado en Galicia.

En la vista celebrada en el Juzgado de Instrucción 2 de Vigo, el responsable de Cinco Jotas, José Manuel Costas, ha eximido a sus hermanos de conocer la emisión de facturas falsas a otras sociedades y la utilización de supuestos autónomos cuyos datos usaba para expedir las facturas y abrir cuentas bancarias sin su conocimiento.

Costas ha justificado la presencia de facturas de autónomos en los ordenadores de Cinco Jotas investigados por Hacienda con el argumento de que "todo era llevado por la misma gestoría".

Como ya hiciera en el primer juicio, ha aludido a que la realización de algunas de esas facturas falsas tenía como objetivo "pagar favores" a políticos por parte de empresas interesadas en realizar obras públicas.

José C.L., administrador de la sociedad Caamaño&Filgueira S.L. que, presuntamente, era receptora de facturas falsas emitidas por Cinco Jotas, ha intervenido como imputado y ha reconocido los hechos.

También han declarado, aunque en calidad de testigos, los trabajadores Delfín C. y Daniel C., quienes han dicho que desconocían las facturas y las cuentas bancarias creadas a su nombre para facilitar la evasión de obligaciones fiscales a empresas.

Los inspectores de Hacienda encargados de la investigación del caso, iniciada en 2009, han revelado la existencia de diversas carpetas en los ordenadores intervenidos con datos referentes a autónomos que figuraban como emisores de facturas.

Uno de los inspectores ha afirmado que no obtuvo de los responsables de Cinco Jotas "explicaciones razonables" sobre la presencia de dichas facturas, y ha apuntado a un "cruce" de facturas entre las empresas de la sociedad familiar, que administraban los cuatro hermanos, debido a que "estaban descompensadas".

Los inspectores de Hacienda también han apuntado a una "caída" de la facturación de la empresa con el inicio de la investigación, que se saldó con la aparición de dos nuevas empresas emisoras de facturas en 2010 y 2011.

La defensa, por su parte, ha incidido en la necesidad de que hubiera habido, en su momento, una "inspección inmediata" a las empresas receptoras de las facturas, y ha acusado a la Agencia Tributaria de realizar "una investigación parcial" teniendo en cuenta solo a las empresas emisoras.

Pese a todo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han considerado acreditada la veracidad de los hechos implicando a los cuatro hermanos por falsificación y cooperación necesaria de delito fiscal, y han tachado de "inverosímil" su desconocimiento de las gestiones realizadas por la empresa.

Para cada uno de ellos solicita una pena de cinco años de cárcel y 575.000 euros en diferentes multas, mientras que para el administrador de la sociedad Caamaño&Filgueira S.L. pide 18 meses y una multa de 378.000 euros.

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