El fiscal cierra acuerdos de conformidad con parte de los acusados por el caso de fraude del gasóleo

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, ha cerrado acuerdos de conformidad con al menos una decena de las 23 personas acusadas de defraudar a Hacienda 20 millones al no pagar impuestos por distribuir combustible. En concreto, el representante del Ministerio Público ha aceptado una rebaja en su petición de penas a cambio de que los acusados reconozcan los hechos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), este macrojuicio arrancará este mismo jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, y está previsto que se prolongue hasta el día 18 de este mismo mes.

Entre los procesados de pertenecer a la red figuran empresarios de estaciones de servicio y del transporte de combustible, guardias civiles y agentes de Aduanas. Entre todos los encausados se enfrentan a una petición de 285 años de prisión y a peticiones de multas por valor de 738 millones de euros por un fraude que podría alcanzar los 20 millones de euros.

Esta macrocausa procede de la Audiencia Provincial de A Coruña tras declararse incompetente para enjuiciar los hechos y trasladarla a Pontevedra, ya que en esta provincia se cometió, supuestamente, el fraude entre los años 1998 y 2000, por lo que junto a las dilaciones indebidas existen algunos delitos que ya han prescrito. En concreto, se trata de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento público y mercantil.

DESVIACIÓN DE GASÓLEO. Según el escrito de acusación de la Fiscalía existió una desviación de gasóleo B, del denominado régimen fiscal suspensivo, procedente del depósito fiscal de Forestal del Atlántico, en Mugardos (A Coruña), a diversas sociedades radicadas en Portugal para comercializarlo después en Galicia como gasóleo A, exento de impuestos especiales y del IVA. Los agentes de la Guardia Civil encausados están acusados de firmar resguardos de aprovisionamientos del gasóleo que no se producía o se hacía en menor cantidad y los funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera, con sede en Pontevedra, de facilitar información a los empresarios.