El Ministerio Fiscal ha elevado a catorce años la pena de prisión que solicita para dos acusadas de haber secuestrado a dos jóvenes rumanas, a las que habrían obligado a prostituirse, mientras rebaja a cuatro años lo que pide para la supuesta recepcionista del club presuntamente implicado.
Después de tres días ha terminado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña el proceso contra tres acusadas y una empresa por haber secuestrado, presuntamente, a dos jóvenes a las que habrían obligado a ejercer la prostitución en un club de Guísamo, en el municipio coruñés de Bergondo, entre el 29 de abril y el 3 de mayo de 2013.
El fiscal ha modificado sus conclusiones, pues aunque inicialmente pedía para cada una de las tres acusadas una pena de doce años -seis por trata de seres humanos y tres por cada uno de los dos delitos de prostitución proactiva-, considera que los hechos fueron de otra forma. Pide tanto para la acusada de haber obligado a prostituirse a las supuestas víctimas -ambas de veintidós años- como para la que habría estado encargada del local entonces y que era pareja del dueño, una pena de siete años por cada uno de los dos presuntos delitos de trata de seres humanos. La supuesta recepcionista tendría que abonar casi 17.000 euros y estar dos años en la cárcel, si se considera que es culpable, por dos delitos de prostitución.
El abogado de la presunta encargada, el letrado José Ramón Sierra, cree que no ha quedado demostrado que la prostitución era coactiva y le parecen desproporcionadas las penas "para una chica por ser recepcionista, otra por ser pareja del dueño y la tercera por ejercer, lamentablemente, la prostitución y que tiene un cáncer de mama".
José Luis Gutiérrez Aranguren, que representa a la acusada de haber engañado a las dos chicas para que viajasen desde Rumanía con la promesa de que trabajarían en hostelería, ha cuestionado todos los cargos y también el hecho de que su clienta sea la única en prisión provisional. En su opinión, al no haber comparecido ninguna de las dos supuestas víctimas a pesar de estar citadas para declarar por videoconferencia desde Rumanía quedan invalidados sus testimonios previos.
Según ha explicado, así lo exige la legislación y, además, en su primera declaración no se aprecia muy bien quiénes están en la sala, pero si eran los imputados están separados de sus abogados por un biombo y no tienen intérpretes, por lo que no está garantizada la asistencia letrada, además de que el acta solo está firmada por la jueza y la secretaria, ha dicho.
En la instrucción acabaron diciendo que nunca fueron obligadas a hacer nada, que podían salir y no lo hacían por miedo y que estaban solas todo el día hasta las seis de la tarde.
