La fiscalía pide que se juzgue al matrimonio de Pontedeume ''sin venganza''

Las acusaciones particulares en el caso del joven que falleció acuchillado el 10 de julio de 2011 en Pontedeume ven ''contradicciones en el relato'' y ''esperan un veredicto que condene a los procesados''.

La defensa de los dos procesados, dirigida por José Luis Gutiérrez Aranguren, coincide con la Fiscalía en un "relato que es absolutamente coherente y está corroborado por pruebas objetivas". De esta manera descarta la posibilidad de que la víctima falleciese en la casa y lo trasladasen a donde posteriormente apareció su cuerpo, pues los hechos "dentro del domicilio no tuvieron resultado fatal y por lo tanto no cabe la omisión de socorro".

Valora la intervención de las médicas forenses, que dejaron claro ayer que para la herida mortal no hizo "falta una fuerza especial" por parte de unas personas que están procesadas y con "tratamiento psiquiátrico"

Aranguren apunta que los momentos de aquella noche eran de "tensión máxima" y ve "objetividad e imparcialidad" en la postura de la fiscal, a la vez que dice que "ya está bien de inculpar y criminalizar a personas que están aquí como testigos para el esclarecimiento de los hechos".

Apunta que los procesados son "dos personas mayores que se vieron superadas por las circunstancias" y que no pudieron hacer nada, pues para que la víctima se salvase tendría que recibir "inmediata atención muy especializada y aún así no había ninguna garantía" de éxito.

Por parte de las hermanas del fallecido, Jorge Vázquez no ha dudado del "miedo", aunque aclara que "con el cuchillo se supera ese miedo", y piensa que existe la alevosía necesaria -siete impactos- para calificar los hechos de asesinato debido a que, "con tanta reiteración, es un asesinato sin ningún tipo de posibilidad de escapatoria del que recibe esa agresión".

Al padre lo representa Jesús Porta, que ha hablado de la "destrucción de pruebas" y de que la fiscal "parte de una sola premisa: que los acusados dicen la verdad, no utiliza ningún dato objetivo", y sobre las circunstancias opina que "se inventan una historia de todo punto rocambolesca" en la que hay "multitud de contradicciones".

Por su parte, la Fiscalía se ha manifestado para pedir que se juzguen los hechos "sin venganza, sin revancha" y que se absuelva a la pareja de ancianos acusada por las eximentes de miedo insuperable y defensa propia.

Tanto el fiscal como la defensa los consideran culpables de homicidio, con hasta 12 años de prisión, mientras que las acusaciones particulares los cree culpables de un delito de asesinato, con una pena de prisión de hasta veinte años, además de 270.000 euros de indemnización.

Cuatro intensas jornadas en la sección primera de la Audiencia provincial han terminado, en una sesión en la que J.A.F.C., de 68 años, y su esposa M.C.F.G., de 67, han dicho "lo siento" al entorno del joven fallecido, tras reconocer que el 10 de julio de 2011 se defendieron de un intruso, Fernando S.G., que estaba en su casa en torno a las 2.30 horas de la madrugada.

Ahora será el jurado el que tendrá que tomar una decisión después de haber escuchado las conclusiones también de las tres acusaciones particulares, de la madre, el padre y las hermanas de la víctima, que insisten en que existen contradicciones y que no tiene sentido que se actúe en defensa propia contra una persona de diecisiete años que va desarmada.

La noche en que sucedió todo la mujer facilitó un cuchillo a su marido que este clavó al joven, que falleció desangrado, algo que la fiscal considera un "homicidio con dolo eventual con las eximentes de miedo insuperable y de defensa propia".

"Entendemos que existe este delito porque cuando una persona toma un arma idónea para matar a otra en su defensa, como es un cuchillo de grandes dimensiones, aunque no quiera la muerte, la acepta", sostiene, y añade que "la mujer es cooperadora necesaria porque si no facilita esa arma, el hecho no se habría producido".

Entiende, además, que "existe legítima defensa", pues se dan los tres requisitos contemplados en la legislación, que son "que exista una agresión ilegítima, que exista la necesidad de defenderse y que exista una falta de provocación del que se defiende".

De hecho, el allanamiento de morada ya supone una agresión ilegítima en la ley y considera que, en el tiempo que tardó el hombre en levantarse, "a la víctima le hubiera dado tiempo a lo que hizo después, escapar", una persona de la que "los acusados no sabían que era menor ni tenían por qué preguntarle cuántos años tenía" y "tampoco conocía su posición socioeconómica" o que "era buen chico y estudioso".

"En mi opinión lo razonable es que pensasen lo contrario, que era una persona peligrosa que ponía en riesgo su vida, no que era un chico estupendo", argumenta la Fiscalía, para quien las declaraciones del matrimonio son "constantes y sostenidas en el tiempo. Coherentes con los indicios que se hallaron en la vivienda".

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