La Fiscalía ha ratificado esta mañana que los daños causados por el accidente del petrolero "Prestige" en noviembre de 2002 ascienden a 4.328 millones en Galicia y el resto del litoral cantábrico español.
Esta cantidad llega a los 4.442 millones de euros si se añaden los daños en el litoral francés.
La profesora titular de Análisis Económico de la Universidad de Santiago María Loureiro ha presentado hoy ante el tribunal de la Audiencia Provincial de A Coruña, que juzga los daños causados por el accidente de este petrolero, un informe pericial encargado por la Fiscalía titulado "Coste económico y medioambiental ocasionado por el hundimiento del Prestige", que cifra en esa cantidad los daños causados por la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España.
Dicho informe es la base sobre la que la Fiscalía reclama en este proceso indemnizaciones un total de 4.442 millones, de los que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Contaminación de Hidrocarburos (FIDAC) ya ha abonado al Estado español 114 que se destinaron, fundamentalmente, a compensaciones al sector pesquero.
El tope de este organismo internacional para pagar indemnizaciones está en 151 millones de euros.
La perito de la Fiscalía ha realizado una exposición de su informe ante el tribunal, explicando que los cálculos de pérdidas son "muy conservadores" y que podrían ser sustancialmente más elevados.
Asimismo, ha explicado que los cálculos de pérdidas se han hecho a medio plazo (2002-2006), debido a que, "a día de hoy, no hay suficiente base científica y académica para establecer una estimación a largo plazo".
La especialista subraya en su informe las pérdidas en el sector pesquero, tanto en Galicia como en el resto de comunidades afectadas, sumaron 205 millones, aunque ha precisado que habría que añadirles otros 200 por la caída de reputación e imagen del sector, que "afectó a los precios" durante varios años.
Loureiro cifra la pérdida en el sector acuícola en 48 millones y defiende que el sector industrial perdió por el accidente del petrolero 71 millones.
Además, ha explicado que el transporte marítimo se vio afectado por unas pérdidas de 3,78 millones.
El informe pericial de la Fiscalía sitúa las mayores pérdidas en el sector turístico, un total de 500 millones, de los que 236 corresponden al turismo interno y el resto al internacional.
Ha cifrado los daños en salud en atenciones a los voluntarios que limpiaron las playas en 5,5 millones, aunque ha advertido de que, en este apartado, el gasto podría ser mucho más elevado, porque, transcurrido el tiempo, se están detectando enfermedades supuestamente relacionadas con la catástrofe.
Por último, ha indicado que las reclamaciones por daños civiles acreditados ascienden a 1.446 millones y el resto se contabiliza en el aportado de daños medioambientales.
Tras su exposición ante el tribunal, el letrado del FIDAC Mike Garteiz ha cuestionado la metodología utilizada para la elaboración de este informe, que ha calificado de "hinchado" y ha subrayado que las cantidades reclamadas son "desproporcionadas".
Este abogado ha señalado que en la elaboración de este informe no se tuvieron en cuenta cuestiones anteriores al accidente, como vedas o mareas rojas.
Además, ha insistido en que las cantidades adelantadas por el Estado español deberían tener carácter indemnizatorio y descontadas del posterior reparto de los fondos pendientes, mientras que la perito se ha referido a ellas como meras "ayudas sociales".
