El abogado Antonio Feijóo, representante legal de Rosa María Alonso y Miguel Fernández, la pareja afectada por la orden de derribo de su vivienda, en la parroquia de Reza, ha avanzado que presentará una querella, inicialmente contra la Alcaldía de Ourense y, "posiblemente", también contra los funcionarios municipales, por la presunta comisión de un delito de prevaricación.
Minutos después de conocerse este retraso para la demolición, aplazada hasta el lunes, el abogado ha comparecido ante los medios para criticar la actuación de los técnicos municipales por "negarse" a parar la obra" a pesar de ser conocedores de que "se está actuando sin licencia" y aún así continuaron con ello "contra viento y marea".
En dos días, el plazo se agotará para la pareja y, en este caso, todo indica que no habrá marcha atrás
En la providencia enviada desde la Sección de Disciplina Urbanística, se establece que la familia que ocupa la vivienda tiene 48 horas para la retirada de enseres de una vivienda que lleva construida más de veinticinco años, punto al que se llegó tras una intensa mañana de negociaciones y conversaciones -más de cuatro horas- por parte de sus abogados. En dos días, el plazo se agotará para la pareja y, en este caso, todo indica que no habrá marcha atrás.
Según el abogado, esta mañana los trabajadores han venido a hacer "una obra de demolición sin licencia y sin proyecto aprobado de demolición", algo que es "indispensable", puesto que aunque se aprobó la ejecución subsidiaria de demolición, "no así el proyecto". "El juez ha dicho que tiene que ser la Administración quien redacte el proyecto de demolición y eso tiene que aprobarlo la administración", ha abundado Feijóo, quien critica la actuación "absolutamente precipitada y dantesca" por parte del consistorio.
PETICIÓN DE SUSPENSIÓN. La pareja había remitido el miércoles un escrito al consistorio en el que "pedían suspender la diligencia diez días para regularizar los trámites de aprobación del proyecto y anulación del tanque de gasoil" y que ha sido denegado. "¿Cómo se va a restablecer la legalidad urbanística sin proyecto aprobado o con licencia equivalente?", ha preguntado. Tras este plazo, la familia tiene previsto iniciar la retirada de enseres y del mobiliario "para evitar males mayores", aunque "sin perjuicio de acciones judiciales". En este sentido, va a pedir que se adopten "medidas cautelares" para que el juez de instrucción analice esta actuación. Por el momento, la nueva providencia remitida por el Ayuntamiento de Ourense retrasa la demolición de la vivienda hasta el lunes después de que el ejecutivo local nombrase un nuevo equipo técnico para dirigir los trabajos de demolición, tras la renuncia del anterior jefe de obra".
La pareja pidió ''suspender la diligencia diez días para regularizar los trámites de aprobación del proyecto y anulación del tanque de gasoil"
En plena polémica sobre si existe aprobación de la junta de gobierno para realizar la orden de derribo y con más de medio centenar de agentes circundando la zona, Alonso arremetía esta mañana contra la "actuación surrealista" del Ayuntamiento, ha lamentado "estas prisas" para derribar esta casa y ha asegurado que "hay muchas viviendas afectadas por la caída del PGOM y no pasa nada", una situación que ha extrapolado al resto de Galicia. "No entiendo a qué viene esta premura cuando hay una demanda contra la Xunta de Galicia por acto nulo que está sin ver", ha subrayado Alonso, quien acusa a funcionarios y políticos "de corrupción política" y de "mover los expedientes a su antojo en los cajones". En esta misma línea, el arquitecto que hizo la vivienda ha defendido su legalidad y ha culpado de esta situación a los continuos cambios del plan urbanístico.
Según el arquitecto el propio ayuntamiento incluía en el nuevo PGOM -pendiente de aprobar- esta casa en zona de "núcleo rural, con lo cual desaparecería la razón de derribo", quedando en situación legal.
''SIN RESOLUCIONES FIRMES''. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense, a través del TSXG, en un escrito enviado el miércoles a los medios de comunicación sostiene que "la casa a construyó en suelo no urbanizable o rústico sin licencia y no se podía legalizar porque no tenía vinculación con un uso agropecuario, y además excedía de la edificabilidad máxima permisible".
Además, precisa que "el Ayuntamiento de Ourense ordenó su demolición en varias resoluciones firmes" y luego "amparándose en un nuevo Plan General dio licencia de legalización, pero el Plan General fue anulado por sentencia firme del TSXG, lo que conllevó a su vez la anulación de la licencia de legalización". En el escrito, insisten en que "la casa se construyó sin licencia alguna, con pleno conocimiento por sus promotores y arquitecto de su ilegalidad desde un principio".
"La casa se construyó sin licencia alguna, con pleno conocimiento por sus promotores y arquitecto de su ilegalidad desde un principio", denuncia la acusación
Mientras los propietarios de la vivienda apuran los recursos para evitar la entrada de las máquinas en la finca el ayuntamiento tuvo que buscar, además, otro arquitecto, después de que el jefe de obra inicial rechazase llevar a cabo la demolición, lo que ha retrasado dicho derribo. Actualmente, el gobierno ya ha nombrado a su sustituto para empezar los trabajos.
TENSIÓN EN REZA. La autoridad judicial dio "orden estricta de que hay que derribar", pero habría pedido, según pudo saber Efe, que se utilice la fuerza mínima necesaria. Y así se llegó a la escena vivida en Reza esta mañana: desde primera hora, decenas de personas, la plataforma Stop Desahucios, grupos políticos, sindicatos y diferentes colectivos se han acercado a Reza para expresar su apoyo a la familia, ante el fuerte despliegue judicial.
Del otro lado, más de medio centenar de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Ourense, con furgones, acordonaban desde primera hora la zona para evitar que se pudiese entrar a la vivienda que iba a ser demolida. Esto generó una tensión creciente entre los vecinos y los comunicadores, ya que cortaron todos los accesos que llevan a la vivienda y no permitían entrar inicialmente a las personas a fincas particulares, a pesar de que no había cordón policial y pese al hecho de contar con el permiso de sus propietarios.
Los miembros de la familia y un grupo de amigos que sí consiguieron llegar hasta la finca se situaron en la casa y también en el tejado en protesta por una decisión que consideran "sin precedentes".
La propia afectada que bajó para atender a los medios de comunicación ha avanzado que van a "seguir denunciando toda la corrupción" y ha dicho que llevará este tema ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Europa al considerar dicho derribo "ilegal".
