La cascada de destituciones en la Agencia Tributaria (Aeat) tuvo una de sus víctimas en Galicia: el delegado especial, José Luis Rodríguez Díaz, y no se descarta que la operación Pokemon tenga algo o incluso mucho que ver. En sus círculos cercanos se especula con la posibilidad de que Rodríguez tal vez no hubiera informado a sus superiores de las consecuencias que podía traer la redada que dirige Pilar de Lara y esa habría sido una de las causas de su cese, según informan este viernes en sus ediciones impresas El Progreso y Diario de Pontevedra.
Todas las diligencias de investigación del caso Pokemon las efectuaron funcionarios de la Agencia Tributaria, bien de Aduanas o de Hacienda, y siempre los escritos en los que la jueza encomendaba un determinado trabajo pasaban por las manos de José Luis Rodríguez, que además había ocupado el puesto de delegado provincial en Lugo hasta marzo de 2012. Ahora parece inevitable poner sobre la mesa su intervención en el Pokemon, sobre todo por las implicaciones políticas que está teniendo. Los comentarios apuntan a que o no se previó lo que iba a suceder o si lo supo no lo transmitió a sus jefes como estos esperaban.
Al margen de esta tesis, esta destitución se enmarca también en el cisma que atraviesa la Aeat como consecuencia de las informaciones que apuntan a un supuesto trato de favor a la infanta Cristina y la polémica suscitada por las dimisiones en el organismo derivadas de la controvertida gestión de la multa de 450 millones de euros impuesta a la cementera Cemex.
Tras la dimisión este martes del director del departamento de inspección, el ourensano Luis Jones, ayer el director de la AEAT, Santiago Menéndez, comunicó la destitución de los delegados especiales de Galicia, Castilla y León y Cantabria.
Según informó Europa Press, fuentes del organismo incidieron en que estos ceses estaban previstos con anterioridad a la dimisión de Jones y se iban a anunciar en enero en el marco de la reorganización completa del organigrama de la AEAT que, según parece, estaba pendiente desde que Menéndez fue nombrado en junio en sustitución de Beatriz Viana. La exdirectora de la AEAT dejó su cargo a raíz de un error por el que se imputó a la infanta Cristina la venta de varias propiedades.
Junto con los tres delegados especiales, Menéndez -cuya gestión está siendo muy cuestionada- ordenó también el relevo de la directora del Servicio de Planificación, Elena Guerrero. Las novedades podrían no quedarse aquí, puesto que se da por supuesto que en los próximos días continuará la remodelación. Desde su llegada al organismo, Menéndez ha realizado 29 cambios en la estructura de un ente en el que trabajan unos 26.000 funcionarios. Ayer, fuentes de la agencia descartaron que el proceso se deba a injerencias políticas.
La sustituta de Rodríguez en Galicia será María Imelda Capote Martín, que ocupó la jefatura de la dependencia de gestión en la delegación gallega. Ayer también trascendió que el relevo de Jones al frente de la Dirección de Inspección Financiera lo tomará Luis María Sánchez González, un hombre de confianza de Menéndez que hasta hoy era subdirector general de planificación y control.
ESTALLIDO
La tormenta estalló hace varias semanas, cuando una inspectora de la delegación de grandes contribuyentes cesó tras rechazar un recurso de reposición de Cemex contra la multa millonaria impuesta, en contra del criterio de la dirección del ente. El relevo de la trabajadora acarreó una cascada de dimisiones.
El torrente de ceses y dimisiones cosechó duras críticas de la oposición, que reclama la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y del director de la Aeat, Santiago Menéndez, en sede parlamentaria. De hecho, el BNG registró ayer mismo en el Congreso su petición para que el ministro acuda a informar «do que está a pasar».
«Algo está sucedendo na Axencia Tributaria que Montoro debe aclarar con total transparencia», recalcó la portavoz de la formación frentista en la Cámara baja, Olaia Fernández Davila, quien expresó sus dudas a respecto de que estos cambios obedezcan a simples «remodelacións».
Mientras el ministro de Economía, Luis de Guindos, expresó su «absoluta confianza» en la profesionalidad de los trabajadores de la agencia, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, denunció la «desconfianza en las instituciones» que suscitan en los ciudadanos este tipo de situaciones. Por ello, retó al Gobierno a que acuda «corriendo al Parlamento» a aclarar los motivos de esta crisis. Rubalcaba apuntó directamente a Montoro, al que tachó de «arrogante e incompetente».
En plena crisis, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado emitió ayer un comunicado en el que defendió la profesionalidad e independencia de las actuaciones del colectivo en los procesos penales en los que el juez solicita su intervención.
Tras la controversia surgida en torno a la situación fiscal de la infanta Cristina en el caso Nóos, recalcaron que entre los cometidos de los trabajadores no está el de depurar conductas presuntamente delictivas.
