La viguesa Beatriz Figueroa reclama a la Defensora del Pueblo mayor protección para los pacientes oncológicos

Beatriz Figueroa, una abogada viguesa diagnosticada de cáncer de mama, ha pedido este martes a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, una mayor protección laboral y social para los pacientes oncológicos.

Según ha explicado Figueroa a Efe, ha denunciado ante Becerril que el Instituto Nacional de La Seguridad Social (INSS) deniega "de forma sistemática" la incapacidad permanente a personas diagnosticadas de cáncer.

"Si la Seguridad Social no reconoce esa condición, muchos enfermos no tienen prestación de la que vivir, se quedan sin ninguna cobertura económica. De hecho hasta que me reconocieron la incapacidad estuve tres años y medio con 426 euros después de 20 años cotizados", ha subrayado.

A Figueroa no le reconoció la incapacidad el INSS sino un juez, después de años de lucha, incluida una huelga de hambre y una petición de firmas en la que el pasado mes de octubre consiguió reunir más de medio millón a través de una campaña en Change.org

En la reunión -solicitada por la abogada-, también ha expuesto que todavía no se ha desarrollado reglamentariamente el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social por lo que, según ha afirmado, los enfermos de cáncer, al igual que pacientes de otras patologías, no se han beneficiado de la existencia de una lista de enfermedades que les aporte seguridad jurídica en la calificación de su incapacidad.

Según ha señalado Figueroa, Becerril le ha indicado que insistirá a la Secretaría de Estado de Seguridad Social para conocer si tiene previsto el desarrollo reglamentario del artículo con el fin de saber qué tipos de cáncer deben llevar aparejada una incapacidad permanente.

"No tiene sentido que un juez te reconozca una incapacidad que la Seguridad Social con la misma información, el mismo conocimiento del estado de tu salud te haya previamente denegado. Eso es lo denunciable", ha declarado Figueroa.

También ha expuesto a la defensora la problemática de que los enfermos de cáncer tengan que abonar el 40 % de su fármacos, por lo que ha solicitado que se tenga en cuenta tanto el nivel de renta como la duración del tratamiento para que se valore su exención o se modifiquen las cuantías.