La Xunta debe indemnizar a Pescanova por el proyecto de acuicultura en cabo Touriñán

Planta de Pescanova en Chapela.
photo_camera Planta de Pescanova en Chapela.

La Xunta deberá indemnizar con un millón de euros a la firma pesquera Insuiña, filial del grupo Pescanova, por el proyecto de acuicultura que pretendía desarrollar en cabo Touriñán, según una sentencia del Tribunal Supremo que rechaza los recursos presentados.

La sentencia, que es firme y contra la que no cabe recurso, está fechada el 24 de febrero pasado por la Sección 6ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y desestima los recursos presentados por la Xunta y por Insuiña contra una decisión de la Sección 2ª de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La sentencia condena así a la Xunta a pagar 1.091.109,85 euros por la responsabilidad patrimonial y daños y perjuicios ocasionados por la "demora injustificada" en el otorgamiento de autorización para ejecución del proyecto de "planta de engorde de peces planos en Touriñán".

La compensación económica incluye daños y perjuicios por la ''demora injustificada''

El Tribunal Supremo subraya que "merecen una indemnización" los gastos que la empresa sufrió por la "obtención de la aprobación del proyecto sectorial" en 2005 otorgado por la Xunta derivados de la posterior cancelación del mismo por parte de la Administración. Eso incluye "122.957,53 euros correspondientes a estudios ambientales, topográficos, analíticos de las aguas, prospecciones arqueológicas, certificaciones" y otros aspectos, así como "los correspondientes a instalaciones técnicas en montaje por importe de 968.152,32 euros".

El citado tribunal rechaza, sin embargo, las pretensiones de la empresa de reclamar una mayor indemnización sobre el "rendimiento que habría proporcionado" la construcción de las instalaciones de acuicultura. "Dicha planta en modo alguno era conforme a la legalidad urbanística tras la modificación del planeamiento para adoptarlo a la legalidad, lo cual constituía una exigencia de la misma Administración", señala.

Apunta que antes de las obras que pretendía llevar a cabo la empresa, la Consellería advirtió de "una serie de irregularidades en la tramitación del plan sectorial de ordenación territorial de parques de tecnología alimentaría en la costa gallega, por lo que se proponía iniciar los trámites para su modificación y, mientras tanto, acordar su suspensión".

Añade que el plan de la empresa incluía instalarse en una zona de la Red Natura 2000, una zona ecológica europea protegida, por lo que la Xunta ordenó en junio de 2006 iniciar los trámites de revisión y modificación del proyecto.

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