La Xunta ha garantizado hoy que "ni Ence ni ninguna otra" ocupación industrial continuará en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de Galicia sin su autorización porque deberá cumplir las normas urbanísticas y ambientales y "contar con la aquiescencia" del Gobierno autonómico.
La secretaria general de Ordenación del Territorio de la Xunta, María Encarnación Rivas, ha querido así "tranquilizar" a la diputada socialista Patricia Vilán en la comisión parlamentaria de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, donde ha formulado una pregunta sobre el canon anual asignado a Ence por la ocupación de terrenos entre los municipios de Pontevedra y Marín. "Ninguna ocupación industrial va a mantenerse, ni Ence ni ninguna otra, en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de Galicia sin tener la aprobación de la Comunidad Autónoma", ha subrayado Rivas.
En este sentido, ha continuado, "cualquier industria que desarrolle su actividad en nuestro ámbito de dominio público marítimo-terrestre deberá cumplir la normativa de aplicación urbanística y ambiental y contar con la aquiescencia de la Xunta a la hora de continuar con su actividad en el futuro en esa localización". "Así lo recoge la ley que acaba de aprobarse", ha indicado Rivas en referencia a la Ley de Costas aprobada ayer, a lo que Vilán ha apostillado que si bien Ence permanecería en Pontevedra hasta 2018 por acuerdo de los partidos en Galicia, ahora esta norma consolida su ubicación 75 años más, mientras la Audiencia Nacional volvió a exigir por sentencia que se incoe el expediente de caducidad de la concesión de los terrenos en que se asienta la papelera.
La diputada del PSOE ha acusado en este sentido a los presidentes del Gobierno y de la Xunta, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo de "gran engaño a Galicia" pues había un acuerdo parlamentario que, en Derecho Penal, ha precisado, "esto se llama prevaricación". Por su parte, la secretaria general ha recordado que las concesiones de dominio público marítimo-terrestre son competencia estatal y que el canon correspondiente se devenga en favor del Estado anualmente, aplicado el IPC.
También ha reprochado a la diputada que utilice la situación de Ence en Pontevedra como un "arma política y que no sea la cuestión en sí lo que le preocupe sino que parece estar cómoda con esta utilización" pues, ha evocado, la Ley de Costas de 1988 que prorrogó automáticamente estas concesiones por 30 años se aprobó en el Congreso gracias a la mayoría del PSOE.
Rivas ha destacado de la nueva ley que por primera vez reconoce las particularidades de los núcleos tradicionales de Galicia y ha insistido en que "ya no ampara la prórroga automática de ocupación industrial en el dominio público marítimo-terrestre". En este sentido, ha precisado que la norma permite que sean las Comunidades Autónomas las que evalúen los efectos ambientales que las industrias, concretamente las papeleras, tienen en el territorio y en el litoral de manera que esa emisión del informe autonómico responda al compromiso adquirido por el Gobierno.
