La Xunta apuesta por reorganizar todo su personal

El anteproyecto de Ley del Empleo Público elevado al Consello de la Xunta pretende reorganizar los recursos humanos, con una reasignación de efectivos en función de las necesidades de cada área, pero "no habrá" rescisión laboral.

La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, señaló en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, que con esta normativa la intención es "abrir la puerta" a ese reajuste, sin que ello "conlleve ningún tipo de despido" ni otro objetivo que no sea el de "mejorar el funcionamiento de la administración manteniendo el mismo número de efectivos".

De esta propuesta, que será presentada mañana a las 11:00 horas a las organizaciones sindicales, conselleira resaltó que permitirá una gestión "moderna y homogénea" y eliminará todas las "lagunas normativas y contradicciones" con la legislación básica, aparte de que situará a Galicia en posición de "vanguardia" puesto que solo dos comunidades hasta ahora, Valencia y Castilla La Mancha, se han adaptado al Estatuto Básico del Empleado Público.

Las principales novedades del texto se concentran en un marco "estable, único y flexible para todos", aclaró Muñoz, ya que afectará a la Xunta, entidades locales, entidades públicas instrumentales, vinculadas o dependientes de ambas; personal de la administración de las universidades y otros órganos como el Consello Consultivo.

Así, abundó en que se estandarizan las condiciones laborales, se facilita la "gestión global" de los efectivos y mejora la movilidad del personal. También hizo especial hincapié en la apuesta por la profesionalidad al establecer la carrera horizontal del personal funcionario.

Los empleados públicos podrán optar a un ascenso de grado o categoría profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, a través de la valoración de méritos y el estímulo de su formación y eficiencia en un sistema de "evaluación continua", señaló Muñoz.

Además, se unifica el régimen disciplinario y se estipulan derechos para las víctimas de violencia de género y personas con discapacidad psíquica, y se establece la profesionalización de las tareas directivas y gerenciales con la introducción de la figura del personal directivo.

En el ámbito de la eficiencia, se reduce la burocracia y se simplifica la organización administrativa con el refuerzo de las funciones de coordinación y de representación del personal a través de las mesas generales de negociación de los empleados públicos.

El Gobierno gallego iniciará una fase de consultas, que comienza este viernes con los sindicatos, y que se extenderá a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y a las universidades con el propósito de lograr el consenso.

La conselleira mostró su esperanza de que "a lo largo de este año podamos tener aprobada esta ley, esa es nuestra intención".

Comentarios