La jueza de Lugo Pilar de Lara, que ha instruido varios casos de corrupción en Galicia, presentará un recurso ante la negativa del Tribunal Supremo a suspender cautelarmente la sanción que lleva aparejada la pérdida de destino por parte de la magistrada.
Así lo ha confirmado a EFE el abogado Agustin Azparren, letrado que ha defendido a la jueza Pilar de Lara en el proceso disciplinario por retrasos injustificados el Consejo General del Poder Judicial.
Precisó que la defensa aún tiene la posibilidad de recurrir esa resolución ante el Supremo, además de confirmar que, en este momento, dispone de nueva documentación, pruebas de las que carecía cuando presentó el primer recurso, cuya resolución acaba de conocerse.
En todo caso, en relación con la resolución del Tribunal Supremo que este viernes se ha conocido, el letrado precisó que “las estadísticas” ya eran “muy negativas” para los intereses de la magistrada, “porque en treinta años” solo fueron estimadas “dos” solicitudes de suspensión cautelar de sanciones impuestas por el Consejo General del Poder Judicial.
Reconoció que “había ciertas posibilidades”, por las “peculiariades” y las “circunstancias excepcionales de este caso”, pero también dijo que lo sucedido es lo que normalmente ocurre con este tipo de recursos.
Cuestión aparte es el recurso presentado, también ante el Tribunal Supremo, sobre “el fondo” de la sanción, dado que “ese sigue su curso”, ha recordado.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso a la magistrada siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de "desatención o retrasos injustificados en la instrucción" y por tomar decisiones que, con "manifiesto abuso procesal", causaban ficticios incrementos del volumen de trabajo.
Aunque ella culpó a los funcionarios del Juzgado, el órgano de gobierno de los jueces concluyó con dicha sanción el expediente.
La jueza recurrió al Supremo cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado en un auto rechazar la suspensión cautelar de la sanción mientras resuelve su recurso.
La magistrada alegó que la sanción implicaba la pérdida de destino y con ello graves perjuicios personales y familiares.
