PS Abogados, el despacho encargado de defender a las dos empresas de O Porriño acusadas de contrabando de cubertería, ha difundido un comunicado de prensa para responder a las acusaciones que la Policía Nacional ha vertido sobre sus clientes. La defensa sostiene que las operaciones comerciales que tenían lugar eran "perfectamente lícitas" y estaban amparadas "por un contrato" que los agentes policiales, afirman, "no se molestaron en leer".
IMITACIÓN. La operación policial que tuvo lugar la semana pasada en una nave industrial de O Porriño (Pontevedra) involucra a dos empresas que, supuestamente, fabricaban cubertería imitando el producto de una conocida marca de menaje. Según informa la Dirección General de la Policía, la producción se llevaba a cabo en una fábrica de Guimarães (Portugal) para, posteriormente, ser importadas a España por dos empresas gallegas registradas en O Porriño, desde donde comercializaban con el resto del Estado español.
Durante la actuación de las fuerzas de seguridad se efectuaron hasta tres registros que se saldaron con la detención de dos personas presuntamente implicadas en la "trama de contrabando" y con la confiscación de más de 600.000 piezas de cubertería –571.000 en O Porriño y 56.200 en Guimarães–.
"DESPROPÓSITO". La defensa de las empresas acusadas tacha las actuaciones policiales de "desproporcionadas e innecesarias", atribuyéndoselo "quizás al ánimo de dar un aire épico" a dicha operación. Respecto a las declaraciones policiales acerca de la fábrica portuguesa –en las que habla de "distribución ilegal" y lo califica como "un sórdido taller en Portugal"–, los abogados aclaran en la nota que dicha fábrica pertenece a una empresa portuguesa "expresamente autorizada mediante el contrato en vigor" con un fuerte arraigo y que mantiene una relación comercial con sus clientes desde hace diez años.
Por esto, la representación letrada considera "un despropósito" que la Policía "hable de la ilegalidad de la distribución, queriendo dar la impresión de que han acabado con una trama de contrabando". "En realidad estamos ante una distribución no solo autorizada, sino perfectamente normal en cuanto a su cauce, medios y forma –el material incautado se vende mediante catálogo a cualquier tienda, sin ningún tipo de clandestinidad ni subterfugio–", ha puntualizado.
FALSIFICACIÓN. Sobre la consideración de falsas de las piezas incautadas, la representación letrada aclara que "el propio hecho de que, ya desde 2007, exista una autorización del legítimo titular de la marca implica que el producto no es falso, independientemente de sus características técnicas".
"Existe una autorización del legítimo titular de la marca", indica la representación letrada
Por ello, insiste en en el hecho de que "existe un contrato vigente que autoriza" a estas empresas investigadas a "fabricar y distribuir los productos ahora incautados". Asimismo, los abogados lamentan que, a pesar de que dicho contrato se encuentra en vigor y en posesión de las fuerzas de seguridad, estas "no han tenido a bien comprobar antes de empezar a solicitar registros e incautaciones".
"A mayor abundamiento, toda vez que el eventual dilema jurídico se centra en la vigencia de un contrato, es a los tribunales civiles y no a los penales, a los que corresponde conocer el asunto, ello en virtud del principio de 'ultima ratio' penal", concluyen.
